Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva
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BRASILIA (AFP) -
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) aceptó el viernes la inculpación de dos ex ministros, dos diputados y dos ex diputados del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, entre 19 incriminados en un escándalo de compra de apoyo político para mantenerse en el poder.
El STF proseguirá el lunes el análisis de las denuncias contra otras 21 personas, entre ellas el ex ministro jefe de gabinete José Dirceu, considerado como el jefe de una "organización criminal" incrustada en el aparato del Estado por el Procurador General, Antonio Fernando de Souza, que formuló los cargos.
En el ámbito empresarial fueron inculpados el publicista Marcos Valerio -presunto articulador del esquema consistente en desviar dinero público para comprar apoyo político- y la dirigencia del Banco Rural, de donde salió buena parte de ese dinero.
Los dos ministros inculpados son Luiz Gushiken (Comunicación), del PT, acusado de peculado, y Anderson Adauto (Transportes), del Partido Liberal (derecha) al que pertenecía en el momento de los hechos (2003- 2004) el vicepresidente José Alencar, por lavado de dinero.
Gushiken, de 56 años, formaba parte del círculo íntimo de Lula, que fue desbaratado por ese escándalo que amenazó al propio jefe de estado, aunque finalmente no se hallaran pruebas en su contra.
El ex favorito es acusado de haber ordenado anticipar el pago de 73 millones de reales (unos 37 millones de dólares al cambio actual) del estatal Banco do Brasil a una empresa del publicitario Marcos Valerio.
El entonces jefe de márketing del Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, al igual que Marcos Valerio y dos de sus socios (Ramóm Hollenbarch y Cristiano Paz), fueron inculpados en la misma causa.
El Tribunal desestimó en cambio por falta de indicios el pedido de incluir en ese caso a Dirceu, que deberá responder aún a los cargos de formación de banda y corrupción activa.
El PT recibió golpes duros, con la admisión de denuncias de corrupción pasiva y de peculado contra el diputado y ex presidente de la Cámara Joao Paulo Cunha, quien habría desviado 252.000 reales (126.000 dólares) mediante la contratación de una asesoría de comunicación por servicios nunca prestados.
Otros tres diputados en 2003-2004 fueron formalmente inculpados de lavado de dinero: el aún legislador Paulo Rocha, Joao Magno y Luiz Carlos da Silva (conocido como "Profesor Luizinho").
En la misma causa figura una ex asesora de Paulo Rocha (Anita Leocadia) y un jefe de ganinete del ex ministro Adauto (José Luiz Alves).
El STF también dio cauce a las denuncias de "gestión fraudulenta" contra la presidenta del Banco Rural, Katia Rabelo, y tres directores de esa institución (José Salgado, Ayanna Tenorio y Vinicius Samarane), que hizo varios préstamos al PT y a las empresas de Valerio.
En otra causa por "lavado de dinero" se inculpa a otras dos socias de Valerio (Simone Vasconcelos y Geuza Dias) y al abogado del publicista, Rogerio Tolentino.
Las acusaciones, presentadas en marzo de 2006 por el procurador Antonio Fernando de Souza, sostienen que Dirceu lideraba una "organización criminal" que funcionaba en tres niveles: político partidario, publicitario y financiero.
La cuestión de las "mensualidades" vuelve así a la actualidad y puede contrariar el deseo del PT de aprovechar su III Congreso, la semana prróxima en Sao Paulo, para dar vuelta la página de un escándalo que lo sumió en la peor crisis de sus 27 años de vida y lo despojó de su histórica bandera de lucha contra la corrupción.
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