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Un país sin miedo Actuando con hechos y solidariamente podemos vencer la inseguridad y el miedoLaura Chinchilla Miranda Ministra de Justicia Los costarricenses nos hemos dado a conocer ante el mundo como personas pacíficas y tolerantes. A lo largo de nuestra historia cultivamos valores de respeto y comprensión, asumiéndolos como parte de nuestra idiosincrasia y nuestro estilo de vida. Sin embargo, es hora de hacer un alto en el camino y preguntarnos si aún honramos esa noble condición. Es hora de realizar una introspección crítica de nuestras actitudes hacia los demás y de nuestras normas de convivencia ciudadana. En los últimos años somos testigos de una preocupante tendencia hacia el incremento de los niveles de violencia criminal. Así lo confirma el aumento sostenido de los delitos que se comenten en el país y de la victimización de que son objeto sus habitantes. Por ejemplo, durante el período 1990-2006 la tasa del total de delitos por 100.000 habitantes pasó de 135 a 295 y algunos de ellos crecieron de manera especialmente preocupante; tal es el caso del robo, cuya tasa se incrementó en un 700% y las infracciones a la ley de psicotrópicos, que crecieron en un 280%. Los delitos violentos experimentaron también un importante crecimiento; así ha ocurrido con las agresiones físicas, que crecieron en más de un 100%. La mismas tasas de homicidio doloso, indicador por excelencia del nivel de violencia en un país, se incrementaron en un 50% en ese mismo período. Como complemento a estos indicadores, al analizar el porcentaje de hogares en los que algún miembro ha sido víctima de un delito, observamos cómo dicha cifra pasó de un 20% en 1986, a un 27% en 1999, y a un 40% en el 2004. Aunque todavía algunos organismos internacionales, en sus análisis comparados, nos ubican entre los países menos violentos del mundo, las tendencias que observamos con respecto a nuestra propia historia nos dicen de un deterioro de nuestros patrones de convivencia ciudadana. Sensación de inseguridad. El incremento en los niveles de victimización ha provocado, además, una elevada sensación de inseguridad en la población convirtiéndonos en un país atemorizado. Mientras que en 1999 el porcentaje de habitantes que definían el país como inseguro alcanzaba un 60%, en el 2004 se elevó a casi un 80%. Aunque esta percepción de inseguridad está fuertemente asociada a la experiencia personal frente al delito, también han jugado un papel significativo la sensación de desprotección de los ciudadanos por parte de las instituciones de control social y el tratamiento que los medios de comunicación han dado a la noticia delictiva. La creciente violencia interpersonal y el miedo que experimentan los costarricenses generan además otras consecuencias negativas como lo son una creciente desconfianza hacia “los otros”, una pérdida de credibilidad en el Estado de derecho y en la institucionalidad democrática, y el surgimiento de posturas maniqueístas que tienden a dividir el mundo entre “buenos” y “malos”, alimentado así un populismo represivo abundante en sus promesas de castigo y mano dura y escaso en resultados que contengan de manera eficaz la criminalidad. La violencia y el miedo nos ha llevado ha promover en los últimos quince años una abundante legislación en materia policial y penal. Así, por ejemplo, hemos aprobado al menos veinte reformas al Código Penal todas las cuales o han incrementando las penas o han creado nuevos delitos. Hemos ratificado además cinco leyes especiales que agravan las sanciones penales frente a situaciones especiales como la violencia contra la mujer, los delitos sexuales contra menores, el narcotráfico, los delitos bursátiles, las infracciones contra el medio ambiente, las contravenciones, etc. Como consecuencia de toda esta legislación, la pena máxima de prisión pasó de veinticinco a cincuenta años y, en los últimos diez años, se ha duplicado la tasa de prisionalización, lo que nos coloca a la cabeza de los países que más encarcelan en el continente. Paradójicamente, al tiempo que hemos adoptado todas estas medidas, la violencia y la criminalidad, lejos de reducirse o contenerse, han seguido creciendo y la sensación de temor es más fuerte hoy que antes. Aunque esta constatación no debe conducirnos a bajar la guardia en materia de control y sanción, constituye una alerta sobre la urgencia de integrar otro tipo de respuestas para enfrentar el problema de la violencia en el país. De ahí que el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y con el concurso de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se haya propuesto impulsar un Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social. Mediante este Plan aspiramos a hacer efectivo nuestro compromiso de ser duros contra la delincuencia pero más duros aún contra las causas que la provocan. Contra las causas . Este Plan tiene como objetivo principal forjar una alianza entre el Gobierno, las municipalidades y los ciudadanos para el impulso de acciones de naturaleza preventiva a nivel nacional y local que contribuyan al restablecimiento de la paz y la tranquilidad en el país. Para ello se propone actuar sobre las principales causas asociadas al comportamiento violento de los individuos, así como incidir sobre aquellos factores que están desbordando la sensación de miedo y temor en la población. El Plan, más que un punto de partida, es un punto de llegada. Es el resultado del análisis y sistematización de un conjunto de experiencias que se han venido poniendo a prueba con diversos grupos sociales y en distintos lugares del país. Ha sido elaborado a partir de realidades y con la gente que vive los problemas e intenta solucionarlos. Se contemplan programas para el tratamiento de la violencia resultante del fenómeno de las pandillas juveniles y de las barras deportivas; para la atención de los conflictos vecinales mediante la resolución alterna de conflictos; para la promoción de comunidades solidarias que reconstituyan capital social y prevengan el desarrollo de entornos violentos y agresivos; y para el tratamiento de factores directamente asociados a la violencia como el alcohol, las drogas y las armas de fuego. El Plan se propone, además, articular de manera más eficaz las distintas iniciativas que existen en el país para combatir distintos tipos de violencia, tales como el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Plan Nacional de Salud Mental, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Plan Nacional de Drogas, el Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia en el Sistema Educativo. Todos estos esfuerzos serán objeto de seguimiento a través del Sistema de Indicadores de Violencia que se crea mediante esta iniciativa. La prevención de la violencia no solo es un imperativo moral, desde la óptica de una sociedad que aspira a ser solidaria y respetuosa de los derechos humanos, sino que se constituye en la posibilidad más efectiva de revertir, de manera sostenida, los problemas de convivencia de una sociedad determinada. Apostamos a esta propuesta, convencidos de que en Costa Rica aún estamos a tiempo, de que seremos capaces de vencer el temor y de actuar de manera previsora para que no nos terminen de arrebatar nuestra paz y nuestra tranquilidad.
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