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EDITORIALLas tensiones bolivianas Las actitudes intransigentes del Gobierno agitan los problemas del paísEl sueño de una Constitución moderna y equilibrada parece poco posible El pasado 6 de agosto, Día Nacional de Bolivia, estaba previsto que el presidente Evo Morales recibiera oficialmente el proyecto de nueva Constitución por parte de la Asamblea elegida el 2 de julio del 2006. Sin embargo, la expectativa no se hizo realidad, por una razón muy poderosa: debido a las pugnas suscitadas por las intransigentes posiciones oficialistas, los constituyentes todavía no han aprobado ningún artículo del texto. Por esta razón, el Gobierno se vio obligado a negociar con la oposición una extensión del plazo, hasta el próximo diciembre, a cambio de ceder ante varias de sus peticiones. Como consecuencia inmediata, han surgido graves fricciones en el seno del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, las cuales se sumaron a la multiplicidad de conflictos existentes en Bolivia. Como en tantos otros momentos de la turbulenta historia del país, la pregunta, ahora, es cuál será la capacidad de maniobra y de gobernabilidad del Presidente, ante la acumulación de protestas, desajustes, parálisis y confrontaciones, que ni siquiera la reciente suscripción de un convenio con Venezuela y Argentina, supuestamente destinado a convertir Bolivia en una “potencia energética”, ha logrado neutralizar. En el repertorio de fracturas que afectan al país, las más serias son de índole étnico (entre indígenas, blancos y mestizos) y regional: entre las empobrecidas regiones del altiplano, apegadas al centralismo del Estado, y las más prósperas y modernas, que luchan por su autonomía. A lo anterior se unen las profundas divisiones entre oficialismo y oposición, entre distintas facciones sindicales y sociales, y entre sectores empresariales y gubernamentales. A esto se suma un andamiaje institucional sumamente débil, deslegitimado y desgastado, incapaz de administrar y resolver adecuadamente los conflictos. Con un panorama tan complejo, la nueva Constitución parecía, inicialmente, la mejor forma de “refundar” Bolivia como una nación más justa, equilibrada e incluyente, capaz de dar a los indígenas una mayor capacidad de decisión, pero sin desconocer al resto de la sociedad. Porque solo un nuevo conjunto de instituciones, equilibrado y provisto de fuerte legitimidad, podría tener opciones (no garantía) de poner orden en el caos nacional. En las elecciones del pasado año, para elegir a la Asamblea Constituyente, el MAS obtuvo mayoría, pero no suficiente para imponer sus decisiones. Además, en un referendo celebrado en forma simultánea, los cuatro departamentos más ricos del país se volcaron masivamente a favor de la autonomía. A partir de entonces, era indispensable que el Gobierno dialogara y concertara con los opositores políticos y los autonomistas regionales. El Presidente pareció entenderlo, al decir que respetaba “muchísimo” el referendo autonómico, y su vicepresidente, Álvaro García, habló de comenzar “un proceso en el que queremos contar con todos, inclusive la derecha”. Sin embargo, lejos de seguir la ruta del entendimiento y la construcción institucional, Morales regresó a un estilo de gobierno desarticulado, casuístico, reactivo, imperativo y manejador de conflictos sucesivos, no creador de mecanismos de solución permanentes. El desgaste sufrido en el seno de la Constituyente, por su empecinamiento en cambiar las reglas del juego establecidas al elegirla, y por su falta de adecuada inteligencia negociadora, finalmente lo obligó a negociar “in extremis” con los otros partidos, que exigieron incluir en la nueva Constitución la autonomía departamental para Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, controlados por la oposición. Con esta amarga experiencia, Morales debería comprender que solo mediante una Constitución que responda de forma integral a la diversidad y complejidad del país, no a su retórica irreal, será posible abrir el camino de la gobernabilidad democrática en Bolivia. De lo contrario, en el mejor de los casos, terminará su Gobierno como un simple administrador de crisis. Pero, en el peor, el país podría sumirse en el caos, la división o el autoritarismo.
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