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En el cabildo de Sucre, 5.000 personas criticaron a Evo Morales.
EFE
Surgen amenazas contra su continuidad

América Latina
Constituyente boliviana paralizaría actividades



La Paz. AFP. Las amenazas contra la continuidad de la Asamblea Constituyente de Bolivia se agudizaron ayer, ante la advertencia de líderes cívicos de seis regiones que condicionan el reinicio de las sesiones a restituir la demanda de la capital, Sucre, de ser sede del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

Los comités cívicos de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando (norte), Tarija (sur), Cochabamba (centro) y Sucre (sur), convocaron a un retiro de sus representantes en el cónclave y sugirieron la suspensión temporal mientras no se resuelva la petición de Sucre.

“Que la Asamblea Constituyente solamente reinicie sus trabajos en Sucre cuando garantice a Bolivia y el mundo que escribirá la nueva Constitución con el consenso deomocrático de los dos tercios”, afirma un comunicado de los dirigentes civiles.

Los cabecillas del movimiento anunciaron para mañana, lunes, reuniones por separado en cada uno de los departamentos (provincias) y no descartaron otras medidas de presión, al acusar al partido del presidente Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el foro, de “actitudes excluyentes”.

La decisión de los líderes civiles se conoció públicamente luego de que un cabildo realizado el viernes en la ciudad de Sucre dio un plazo de seis días para que la Asamblea tenga en cuenta su pedido de incorporar otra vez en la agenda del cónclave, el pedido de la capitalidad plena y después de que sus representantes se declararon en huelga de hambre.

Esta petición pretende el traslado de las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, capital del país, pero fue removida de los debates el martes por una votación apoyada por los asambleístas del MAS, pero cuestionada como ilegal por los cívicos.

El dirigente de Santa Cruz Luis Núñez argumentó que esa votación es una señal “dictatorial” del partido del mandatario indígena que pone en riesgo el tratamiento de las autonomías departamentales en la Constituyente.

Estas regiones tienen precisamente el tema de la autonomía departamental como elemento aglutinante de sus dirigentes civiles y prefectos (gobernadores) contra el modelo de gestión pública impulsado por el presidente Morales.

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