Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva
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BRASILIA (AFP) -
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil discutirá a partir del miércoles si enjuicia al ex jefe de gabinete del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, José Dirceu, y otros líderes históricos del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder), entre 40 sospechosos de haber desviado dinero público para sobornar diputados.
El "escándalo de las mensualidades", que provocó la caída de Dirceu y de la plana mayor del PT, estalló en junio de 2005 e hizo planear la posibilidad del juicio político contra el presidente Lula y amenazó su reelección en 2006.
Pero la oposición dejó pasar la oportunidad y el Procurador General, Antonio Fernando de Souza, que formuló las acusaciones legales, consideró que no había pruebas para incriminar al mandatario.
Los debates judiciales, que deben durar tres días (aunque podrían prolongarse), se producen a menos de una semana del III Congreso del PT, que se sumió en la peor crisis de sus 27 años de vida a causa de ese escándalo que lo despojó de su histórica bandera de lucha contra la corrupción.
En su informe, presentado al STF a fines de marzo de 2006, Souza formula acusaciones devastadoras.
"Los denunciados operaron desvíos de recursos públicos, concesiones de beneficios indebidos a particulares a cambio de dinero y compra de apoyo político, conductas que caracterizan los delitos de formación de banda, peculado, lavado de dinero, gestión fraudulenta, corrupción y evasión de divisas", señala el acta legal.
El dinero pasaba por el publicista Marcos Valerio, a quien Souza define como un "verdadero profesional del delito", que montó una "compleja ingeniería financiera" en la cual "el dinero público se mezclaba con el privado y pasaba por numerosas cuentas (...) hasta llegar a su destino final".
Por manos de Valerio, según la denuncia, circularon entre 2003 y 2004 "por lo menos 55 millones de reales (27,5 millones de dólares al cambio actual), transferidos por los bancos Rural y BMG".
"El núcleo principal de la banda estaba integrado por el ex ministro José Dirceu; el ex tesorero del PT Delubio Soares; el ex secretario general del PT Silvio Pereira; y el ex presidente del PT José Genoino", precisa el informe.
Ese grupo se proponía "garantizar la continuidad del proyecto de poder del PT, mediante la compra de apoyo político de otros partidos y de la financiación futura y pasada (pago de deudas) de sus campañas electorales".
El ex diputado Roberto Jefferson, aliado del PT, fue el primero en denunciar la existencia de ese esquema, tras ser mencionado como responsable de actos de corrrupción en los Correos.
El PT niega esas acusaciones, aunque reconoce que llevaba una caja paralela para financiar campañas electorales; Lula dijo que se trataba apenas de un "error" de personas aisladas, culpables únicamente de haber incurrido en una práctica "sistemática" en la vida política de Brasil.
Corroborando esa benevolencia, la Cámara de Diputados recibió denuncias contra 19 de sus miembros, pero sólo destituyó a tres (entre ellos Jefferson y Dirceu); doce fueron absueltos y cuatro renunciaron antes de que se les abriera juicio, para poder ser reelectos en 2006. Muchos lo lograron.
Souza señala en cambio que "todas las imputaciones hechas por el ex diputado Roberto Jefferson quedaron comprobadas".
Según el diario O Globo de este domingo, el procurador dispone de nuevas pruebas, basadas en procesos de evasión fiscal contra políticos, funcionarios y empresarios implicados en el supuesto esquema de corrupción.
Según el analista Carlos Lopes, de la consultora Santafe Ideias, el revival de la agitación política de 2005 "está lejos de representar una amenaza para Lula, pero debe ocasionarle constreñimientos, por la cercanía que algunos denunciados tenían con el gobierno y por la implicación en prácticas como la del reparto de cargos públicos, que siguen plenamente vigentes".
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