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Sociedad y Servicios Nuevas propuestas del Banhvi deben estar listas en setiembre Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Al Gobierno le faltan ¢60.000 millones para cumplir con su promesa de entregar 20.000 casas a familias pobres que invadieron un terreno ajeno y hoy viven entre tablas viejas y latas de zinc. El dinero disponible en el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) es insuficiente para cubrir el programa de erradicación de precarios que ofreció en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. En el informe DFOE-SOC-38-2007 del 18 de julio, la Contraloría General de la República denunció el faltante de recursos. Además, conminó al Ministerio de Vivienda a definir el monto exacto que le hace falta para cumplir con el plan de erradicación de precarios y las fuentes alternativas a las que recurrirá. La respuesta debe entregarla a la Contraloría a más tardar el 30 de setiembre. Los fondos de que dispone el Banhvi también están comprometidos en otras iniciativas, como el plan de bonos individuales (familias pobres con lote propio) y el programa de arreglos y mejoras para casas de interés social. Además, el Gobierno apostó a la creación de una nueva ley que generara ¢30.000 millones adicionales para financiar el plan de erradicación de precarios. Sin embargo, ese proyecto que iba a fijar un impuesto a las casas de lujo entró al Congreso hace un año y sigue sin aprobación. Sin ese dinero y sin otra fuente de recursos frescos, las 20.000 viviendas están en riesgo. Los que esperan casa. Estos 20.000 ranchos que conforman precarios representan al 50% de las familias pobres que usurparon terrenos ajenos. Ennio Rodríguez, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), reconoció que el presupuesto de la institución (¢51.000 millones al año) es insuficiente. Según explicó, por ley, el Banhvi solo puede disponer del 40% de sus recursos para atender casos en precario (¢20.400 millones). El resto se gasta en reparar viviendas o en bonos para familias con lote propio, pero sin dinero para construir (¢30.600 millones). En las actuales circunstancias, y sin otras fuentes de financiamiento, Ennio Rodríguez calificó como “muy optimista” la posibilidad de que el Gobierno entregue cada año 5.000 casas para familias en precario. Compromiso de Gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 –ideado por el Ministerio de Planificación– estableció como una prioridad de la administración Arias Sánchez “reducir en un 50% las familias que habitan en asentamientos en precario”. Según Rodríguez, cuando se definió esa meta, él aclaró que la entrega de las 20.000 viviendas está condicionada a la aprobación del impuesto a las casas de lujo. Explicó que los bonos para erradicar precarios son, en promedio, un 133% más caros que los bonos ordinarios. Si la familia tiene un lote para construir, el monto máximo del subsidio es de ¢4.060.000. Mientras, cuando el Gobierno tiene que comprar el lote invadido, segregarlo y construir las casas, cada bono ronda los ¢9 millones. De ahí que el Banhvi está promoviendo que las familias con alguna capacidad de pago se involucren en el programa de Ahorro-Bono-Crédito, pues eso reduce el monto de la inversión inicial que hace el Gobierno. Lentos trámites. Fernando Zumbado, ministro de Vivienda, admitió que la falta de financiamiento y la capacidad de ejecución del Banhvi y las entidades que tramitan bonos han frenado el avance del plan. “Erradicar precarios se ha vuelto difícil. A veces, en un terreno hay más familias afincadas de las que en realidad caben. Eso nos obliga negociar y a reubicar un grupo. Eso toma tiempo”, expresó el Ministro. Dijo que si no se aprueba el impuesto a las viviendas de lujo, le pedirá dinero extra al Ministerio de Hacienda, para financiar las 20.000 casas. Él espera que en el 2008 reciban ¢20.000 millones adicionales. Sin fondos de Taiwán. La falta de recursos en el Gobierno no solo afecta a las familias en precario; también retrasa la iniciativa para titular terrenos y construir casas, aceras y alcantarillado en Rincón Grande de Pavas, San José. El proyecto de “intervención integrada” de este barrio al sur de San José estaba supeditado al giro de $4,2 millones del Gobierno de Taiwán, pero Costa Rica rompió relaciones el 1.° de junio. Zumbado ya negocia con el Gobierno de China para que financie la obra, pero por ahora el proyecto está suspendido.
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