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EDITORIALHazmerreír internacional Los puertos de Moín y de Limón, al servicio de los sindicatos, se cierran nueve días al añoUrge, por el bien del país, culminar el proceso de concesión de estos dos puertos en la vertiente atlántica La paralización de las labores en los puertos de Limón y Moín, en la vertiente atlántica, el lunes próximo, por ser el día diferido de la madre, no honra a las madres, a los padres, a los hijos ni a nadie. Es uno de los tantos episodios, al amparo de una convención colectiva, para perjudicar la economía nacional y con ella a todo el país. Es otro capítulo de una pesada herencia de irresponsabilidad de Gobiernos anteriores y de juntas directivas de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que prefirieron hipotecar los bienes públicos, ante las presiones sindicales, para no ejercer su autoridad. Este temor y la inconsciencia del papel del Estado en el desarrollo del país, repetidos hasta el cansancio, han acumulado sobre las espaldas de los contribuyentes, trabajadores y empresarios, una carga enorme que, periódicamente, tenemos que pagar. Una muestra: solamente a Bandeco le costará esta suspensión del servicio portuario $1 millón, ya que no podrá exportar 100. 000 cajas de banano ni 50. 000 de piña. Otras empresas sufrirán igual suerte, pues por estos dos puertos sale el 80% de los productos nacionales. Un barco pierde entre $25.000 y $30.000 diarios en bahía. Este costo se transfiere a los importadores y exportadores, y, en última instancia, al consumidor final. Estas pérdidas no provienen solo de una convención colectiva, sino, sobre todo, de una mentalidad, anclada todavía en la lucha de clases y en el desprecio del trabajo y de las empresas productoras. Lo refleja a cabalidad una declaración, ayer, del secretario de prensa del sindicato. No importa que una empresa pierda –expresó– más de ¢500 millones, en un día, si, de todos modos, ganan en los 356 días restantes. Esta es la mentalidad dominante no solo en algunos sindicatos, sino, en otros sectores del país, aun universitarios. Los ejemplos abundan en estos meses. No importa que la economía sufra y que Japdeva deje de percibir, el lunes próximo, ¢73 millones, si se imponen los privilegios y la paranoia ideológica. Aquí, sin embargo, no se detiene esta saga. Los puertos de Limón y Moín se cierran nueve días al año, una marca mundial que nos convierte en el hazmerreír internacional, pero que, gracias a la concesión del puerto de Caldera, a cargo de la Sociedad Portuaria de Caldera, ha comenzado a mermar. En este puerto se trabaja 24 horas al día, todos los días del año, como se estila en todos los países del mundo. La comparación entre Caldera y los puertos de Limón y Moín, en cuanto a la productividad, la responsabilidad y los costos, ha puesto al descubierto la irresponsabilidad de los Gobiernos y de las juntas directivas que toleraron y prohijaron estas gollerías, y la desnaturalización del sindicalismo, de parte de sus dirigentes. De aquí la urgencia de aplicar igual figura jurídica a los puertos de la vertiente atlántica. Situaciones como las presentadas en estos dos puertos explican el temor a la reforma del Estado y a la competencia de parte de algunos sectores del país. La apertura y la competencia exigen necesariamente el abandono de las prácticas viciadas en el orden moral, legal y administrativo. La confusión, el inmovilismo y la ineficiencia son, por el contrario, el caldo de cultivo de toda suerte de gollerías y una de las causas principales del rezago del país. La aceptación de estos desafíos y su solución consiguiente traza una raya nítida entre el subdesarrollo y el desarrollo económico y social al que los costarricenses tenemos derecho.
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