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¿Se ha perdido toda la decencia?


Montserrat Sagot
Directora, Consejo Universitario UCR

EnLa Nación del 1.° de agosto, apareció un artículo de la señora Alejandra Castro B. , quien se firma como profesora de la UCR y la UNED, que no es más que una diatriba de insultos y descalificaciones dirigidas al Consejo Universitario y a la rectora de la Universidad de Costa Rica. Aunque se coloca desde una posición de legitimidad y superioridad moral, cobijada supuestamente por su posición de docente de la UCR, la señora Castro no dice que, para el momento en que se publicó su escrito, no tenía ningún vínculo laboral con la institución ni que su relación con esta casa de estudios, en los últimos años, se ha limitado a un nombramiento por dos meses como profesora interina licenciada por un cuarto de tiempo.

Si la señora Castro usara para sí los principios de decencia y objetividad que reclama en su artículo, habría aclarado entonces que no está escribiendo como profesora de la institución, cargo que no tiene, sino como socia de una empresa que brinda asesoría en materia de propiedad intelectual y, por tanto, interesada directa en la aprobación del TLC.

Intereses particulares. Pero no, haciendo uso de una posición que no ocupa, se atreve a referirse al Consejo Universitario y a la Rectora como el “grupúsculo que secuestró a la Universidad en un parnaso de soberbia”. A lo mejor, por no tener una relación cercana con la institución, la señora Castro no está enterada de que las personas que integramos este Consejo fuimos elegidas democráticamente por una Asamblea Universitaria, conformada por docentes, estudiantes y administrativos, y que representamos una diversidad en términos profesionales, políticos e ideológicos. A pesar de esa diversidad, que nos hace tener posiciones diferentes en muchas ocasiones, emitimos un criterio negativo unánime respecto al TLC, basado en un estudio serio y responsable –no en intereses particulares– que nos llevó a concluir que este TLC es perjudicial para el país. Este criterio se emitió respondiendo a la consulta hecha por la Asamblea Legislativa, según establece el artículo 88 de la Constitución Política. Aunque es abogada, la señora Castro parece desconocer que el Consejo Universitario tiene potestad constitucional para asumir posiciones respecto a los proyectos de ley que le son consultados.

A pesar de que planteamos ese criterio negativo y de que defendemos nuestro derecho y obligación de expresarlo públicamente, desde el Consejo Universitario no se ha emitido ninguna directriz institucional que impida o coarte la libre discusión de ideas sobre este tema. Por el contrario, porque creemos fielmente en la libertad de cátedra y porque creemos que la Universidad no se puede quedar al margen de la historia, hemos promovido e incluso participado directamente en una gran cantidad de debates y discusiones sobre el TLC.

Irrespeto y oportunismo. Cuando unas pocas personas, como la señora Castro, de forma sesgada y malintencionada han planteado que en la Universidad no se propicia el debate “equilibrado”, de inmediato han tenido micrófonos y páginas abiertas, incluyendo las de los medios y espacios universitarios, para expresar sus opiniones, aun cuando estas opiniones estén marcadas por el irrespeto y el oportunismo.

No contentos con insultar a las autoridades, la señora Castro y los que participan de esta cruzada por acallar y desautorizar la voz de la Universidad, se dedican también a insultar al resto de la comunidad universitaria, en particular a los estudiantes, al definirlos como una especie de autómatas, recipientes pasivos de los supuestos procesos de adoctrinamiento a los que están sometidos. Pero se equivocan la señora Castro y los que han esgrimido este pobre argumento. Las universidades públicas siguen siendo los espacios por excelencia de la construcción crítica y creativa del conocimiento; siguen y seguirán siendo, aunque a algunas personas les moleste mucho, espacios de renovación, de formación de profesionales responsables y con criterio propio, y de construcción de propuestas para poner la ciencia, las artes y la técnica al servicio de la sociedad y del logro del bien común. Esto lo sabe y lo valora la ciudadanía costarricense, y por eso el interés desmedido de algunos por desprestigiar a la Universidad y por restarle credibilidad como interlocutora en este debate sobre el TLC.

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