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Estado y empresa privada Para que el país emprenda acciones y salga adelanteDiego F. Gómez Dueñas dgomez@esco-group.com Gerente ESCO Costa Rica S.A. Leyendo los tristes acontecimientos recientes en la Asamblea Legislativa, me puse a pensar en qué sucedería si el Estado costarricense fuera una empresa privada. Podríamos imaginarnos al Presidente como equivalente al ejecutivo principal; los ministros como gerentes de divisiones de negocio, y los diputados como miembros de la junta directiva. Cabe recalcar que en la empresa privada, y más aún en las que cotizan en bolsa, la junta directiva tiene papel determinante en el destino de la empresa, al aprobar o denegar la estrategia para atacar al mercado y después supervisar el camino escogido, velando por que se cumplan las leyes y principios del país o región donde opere la empresa. En todas las empresas privadas de las que tengo conocimiento, el asistir regularmente al trabajo es requisito indispensable para que, ante todo, nos paguen al final de la semana o quincena; pero, segundo, para evitar que nos despidan por abandono de labores. Imaginémonos que nuestra empresa (país) compite en un mundo donde todas las demás empresas están buscando posicionarse mejor en el mercado, donde los adelantos tecnológicos van a velocidades impresionantes y donde siempre hay alguien que quiere “robarse el mandado” de nuestros mejores clientes. En ese entorno, es de esperar que la empresa tenga que tomar decisiones constantes referentes a su oferta de productos o servicios, precios, recursos humanos, necesidades de infraestructura, etc. Todo esto con el fin de no perder competitividad ante las demás. Estas decisiones deben ser propuestas por los gerentes y luego llevadas ante la junta directiva con objeto de que sean aprobadas. Empieza el declive. Imaginémonos ahora que los miembros de la junta directiva no se presentan a trabajar cada vez que hay que discutir alguna moción que no sea de su agrado o de su interés particular. ¿Qué pasaría con esta empresa si no hubiera quórum en la junta directiva para decidir? Pues muy probablemente se empezarían a perder algunas ventas claves, después la relación con los clientes se deterioraría, con su consecuente efecto sobre las finanzas de la empresa. Esto la llevaría a escatimar en inversiones de infraestructura productiva y capacitación de recurso humano. Podemos ver claramente una espiral muy peligrosa. Por último, los verdaderos dueños de la empresa (privados o accionistas públicos) terminarán por demandar su remoción o llamarlos a cuentas por la destrucción de valor económico que han causado. Pues esto mismo veo sucediendo en la Asamblea Legislativa cuando unos pocos diputados entorpecen la toma de decisiones importantes para el país que no son de su agrado. Inclusive este grupo se ha dejado decir que no le corresponde a 57 personas decidir lo que atañe a 2,6 millones de costarricenses (véase la carta del PAC fechada 6 de agosto en respuesta a la propuesta de los diputados que sí apoyan el TLC para desentrabar el Congreso). Dice textualmente: “Intentar que 57 decidan lo que corresponde a 2.635.000 ciudadanos es violatorio de la institucionalidad”. Ante esta aseveración, ¿tendrán claro el concepto de democracia participativa? Hasta donde recuerdo, nosotros, el pueblo (o los dueños de la empresa para volver a mi analogía), los hemos escogido a ellos para que actúen como la junta directiva antes descrita. Es necesario el mismo compromiso y la responsabilidad sobre nuestras acciones que se tendría en la empresa privada para que el país pueda emprender acciones y salir adelante.
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