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Sociedad y Servicios Consorcio dice haber usado dinero en ampliación de la terminal aérea Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com El Gobierno perdió $12,8 millones (¢6.656 millones) en arbitrajes contra Alterra Partners, empresa administradora del aeropuerto Juan Santamaría. La compañía demandó al Estado por incumplimientos en el contrato de gestión interesada de la terminal aérea. En los últimos tres años el Gobierno perdió 6 de los 11 arbitrajes que presentó Alterra, apenas ganó 4 y solo en uno de los casos el tribunal se declaró incompetente para resolver. Según las resoluciones, el Estado no entregó a tiempo permisos de construcción o se atrasó en la expropiación de terrenos aledaños al Santamaría, que afectaron el avance en la modernización de la terminal aérea. Datos suministrados por Uri Rudelman, director legal de Alterra, indican que el Estado ya canceló $4,7 millones (¢2.447 millones) del total. Aún están pendientes $105.000 (¢54,6 millones) que corresponden a gastos adicionales en los que incurrió el gestor durante la construcción de la nueva torre de control del aeropuerto y que el Gobierno no quería reconocerle. Por último, también está en cobro una cifra cercana a los $8 millones (¢4.160 millones) por atrasos en la expropiación de los terrenos ubicados al sur del Santamaría. Esos terrenos son indispensables para construir una calle paralela a la pista de aterrizaje que agilice el desplazamiento de aviones. Por ahora, esa obra ni siquiera tiene orden de inicio o una fecha tentativa de construcción. El más reciente. Este último arbitraje, el CRCP-29-05, es el más reciente en la lista de reclamos ganados por Alterra. Aunque los árbitros fallaron a favor del gestor en octubre del 2005, el Gobierno apeló la resolución en Casación y hasta el año pasado la Sala I ratificó que el Estado debe pagar. Así consta en el voto 823-2006. Viviana Martín, presidenta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), dijo que no podía referirse a este caso porque aún no ha sido notificada la sentencia. Tampoco se pronunció sobre el resto de arbitrajes perdidos, pues todos se plantearon durante la administración de Abel Pacheco (2002-2006), cuando ella no desempeñaba ningún cargo público. Aún así, dijo que acatará lo que disponga la Sala I de la Corte Suprema de Justicia y que buscará los recursos necesarios para cumplir con los compromisos del CTAC. Eso la obligará a pedirle al Ministerio de Hacienda que levante el tope presupuestario del Consejo Técnico de Aviación Civil para cancelar los $8 millones pendientes. Uri Rudelman dijo que el dinero que ya recibieron por concepto de arbitrajes se invirtió en la modernización del aeropuerto. Según Rudelman, Alterra interpuso los reclamos porque los incumplimientos del Estado provocaron perjuicios económicos para el gestor. “Estos reclamos se habrían podido resolver, o incluso evitar, si el CTAC hubiera recibido asesoría acertada, con la cual se evita este largo proceso”, dijo el abogado. En los últimos años, el Estado también se ha visto obligado a pagar cifras millonarias por incumplimientos de otras concesiones de obra pública o contratos. Ese es el caso de la fallida cárcel de Pococí, que no se construyó pese a que el proyecto ya había sido adjudicado al consorcio MTC. Ahora el Gobierno negocia con la firma para indemnizarla.
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