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El PANI debe seguir trabajando Si revisamos cualquier institución, buscando sus problemas, los vamos a encontrarMario Víquez Jiménez Presidente Ejecutivo Por respeto a la opinión pública y a la labor de los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero, sobre todo, por nuestra niñez y adolescencia, me veo obligado a responder asuntos ampliamente discutidos y conocidos por más de año y medio en la junta directiva de la institución, y que se plantearon recientemente en este medio. El PANI, institución con rango constitucional desde hace 77 años, es, sin duda, la piedra angular de la protección integral y especial de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, por razones históricas, financieras y organizativas, ha enfrentado serias dificultades de definición y ejecución para cumplir su mandato y ejercer sus competencias. Por dicha, desde 1997, con la nueva Ley Orgánica, se inicia un proceso de reforma y transformación que ha permitido concretar un proceso de cambio institucional. Tenemos una nueva estructura organizativa y hacemos grandes esfuerzos por mejorar los procesos de adopción y por capacitar y renovar la calidad del personal. Si revisamos cualquier institución, buscando sus problemas, los vamos a encontrar y el PANI no es la excepción, pero no se trata solo de señalarlos, sino de resolverlos. Con esa tesis hemos venido a la institución: por el cambio, superación y creación, con espíritu de optimismo y convicción de que sí se puede. Alta ejecución. Nuestro primer año de labores ha sido fructífero: en el 2006, la ejecución presupuestaria alcanzó un 83% (la más alta de los últimos años), para el 2007 se aumentó el presupuesto real en ¢2.500 millones y en el transcurso del año se obtuvieron ¢500 millones adicionales de Fodesaf. La ejecución alcanzada a julio es de un 50%; esperamos lograr la segunda mejor ejecución presupuestaria finalizando el 2007. Se compró y acondicionó la sede central (¢1.035 millones), se creó el Centro de Cultura de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el que se ha capacitado a más de 7.000 personas. Asimismo, se han adquirido dos albergues, se construyó la casa modelo en la Aldea Arthur Gough y se han trasladado 4 oficinas locales, todo con una inversión cercana a los ¢500 millones. También se ha iniciado un sustancial proceso de regionalización y definición de la plataforma de servicios en el ámbito local. Existe un arduo proceso de digitalización y conectividad de las 41 oficinas locales: están integradas 16, se espera finalizar el año con 30 (66%) y completar el proceso en el 2008. El trabajo del Programa de Atención de Niñez en Vulnerabilidad (calle) se reorganizó: se reciben llamadas por el 911 las 24 horas, 76 funcionarios trabajan 22 horas de lunes a domingo, se atiende a más de 100 niños en riesgo social por mes (664 en el primer semestre del año) y se han realizado 47 rondas de detección coordinadas con el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de San José, todo con una inversión cercana a los ¢1.000 millones. Además, se tiene prevista la transferencia al IAFA, en los próximos días, de ¢241 millones (del presupuesto extraordinario aprobado por la Contraloría General de la República) para la construcción del Centro Nacional de Atención de Drogas. Con garantías. Se han modificado los procesos de protección, mediante una verdadera justicia administrativa con garantías sustantivas, procesales y de aplicación de medidas de protección. Se tiene una nueva relación con las organizaciones no gubernamentales que brindan protección a 1.503 niños, a las cuales se les hace una transferencia de ¢1.750 millones y se incrementará el subsidio al 33% del costo por niño, aumentando la transferencia a ¢2.200 millones. Con recursos de la Ley 7972 para financiar proyectos de reinserción educativa de adolescentes madres (casi ¢1.200 millones), esta administración plantea un programa sostenible e integral que promueve la articulación de esfuerzos interinstitucionales y comunales para que ellas continúen sus estudios y tengan una mejor calidad de vida. El programa ha brindado orientación psicosocial a 450 adolescentes madres a través de la línea 800-2262626, ha sensibilizado sobre su derecho a la educación con una campaña de ¢186 millones, ha dado protección a 35 adolescentes en oficinas locales, 50 participan en talleres educativo-formativos y se han transferido recursos a ONG especializadas para la protección, apoyo técnico y vocacional. Se ha reactivado el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, como instancia de coordinación de política pública, con la participación efectiva de los ministros. Labor coordinada. En el plano local, se ha fortalecido el Sistema de Protección mediante un convenio con Dinadeco para coordinar el trabajo de las 58 juntas y 339 comités tutelares. Pronto se firmará un convenio con el INA para la capacitación técnica de la población en mayor vulnerabilidad. El Consejo de Gobierno aprobó el 18 de julio el nuevo Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñez y Adolescencia, que se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes operativos de las instituciones, para ofrecer los recursos requeridos para su ejecución. Como se desprende de la información aportada, los logros son muchos y el PANI debe seguir trabajando. Corresponde ahora continuar la tarea con una nueva junta directiva. La polémica ha sido más que suficiente, solicitamos que nos permitan seguir trabajando. El tiempo de la niñez y adolescencia no espera y los desafíos son muchos.
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