Apoyo a la Cicig en Guatemala
(AFP)
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GUATEMALA (AFP) -
La polémica Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), destinada a combatir el crimen organizado en el estado, entrará en vigor este viernes tras ser sancionada por el presidente Óscar Berger.
El decreto 35-2007, publicado este jueves por el estatal Diario de Centro América y sancionado por Berger el viernes pasado, determina que el acuerdo que da vida a la Cicig, entrará en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial, es decir este viernes.
El pasado 1 de agosto, con el respaldo de 110 de 158 parlamentarios, el Congreso aprobó por la vía rápida la instalación de la Cicig, pese a la fuerte oposición que el proyecto tuvo en el Legislativo, específicamente por parte de la bancada del ex gobernante (2000-2004), Frente Republicano Guatemalteco (FRG, derecha).
El objetivo principal de la Comisión, que dividió a los políticos guatemaltecos, será investigar el crimen organizado dentro de las distintas estructuras estatales, así como combatir la impunidad, especialmente por los crímenes cometidos durante los 36 años de guerra que vivió este país centroamericano (1960-1996).
La Cicig, de acuerdo con lo establecido el 12 de diciembre pasado entre la ONU y el gobierno de Guatemala, también se encargará de fortalecer las instituciones estatales responsables de la investigación y persecución penal de delitos cometidos por grupos ilegales.
Entre sus funciones principales se encuentra determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, así como su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posibles vinculaciones con entidades o agentes del Estado, además de otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en el país.
También colaborará con el Estado en la desarticulación de esos aparatos clandestinos y cuerpos ilegales, además de promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
La Cicig también tendrá la potestad de recomendar al Estado de Guatemala la adopción de políticas públicas para erradicar los grupos ilegales, así como prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para dicho fin.
La Cicig actuará con independencia funcional en el desempeño de su mandato.
No obstante, hasta el momento se desconoce la fecha en que empezará la instalación de dicho ente en Guatemala, pues según el vicepresidente Eduardo Stein, la persona que designe la ONU será la encargada de evaluar las condiciones para ello.
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