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Investigación Fiscalía, CCSS y Procuraduría se opusieron a la oferta de Walter Reiche Ernesto Rivera y Giannina Segnini erivera@nacion.com La jueza Mercedes Muñoz Campos rechazó ayer una propuesta de conciliación presentada por la Corporación Fischel, su expresidente Walter Reiche y el exabogado de la firma Rándall Vargas. El rechazo fue el primer punto resuelto por la jueza en el arranque de la audiencia preliminar por el escándalo CCSS-Fischel, que se inició ayer en el Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. Al final de esta audiencia, la jueza Muñoz deberá resolver si eleva o no a juicio la causa por peculado y corrupción agravada contra ocho imputados, entre ellos el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994). La propuesta de conciliación, presentada ante el Juzgado Penal desde el 6 de julio, pretendía aplicar un “plan reparador” a favor de la abogada Fanny Ledezma Boschini. Ledezma trabajaba como abogada de la Corporación Fischel y, según denunció en el 2004, Reiche y Vargas acordaron destruir un documento legal que constaba en su protocolo de notaria. Los fiscales acusaron a Reiche y a Vargas de falsedad ideológica y de destrucción de documento, por destruir evidencia y borrar rastros sobre la compra de la casa 59 de Parque Valle del Sol, en Santa Ana, donde vivió el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Eliseo Vargas. Según el Ministerio Público, el 20 de abril del 2004, un día antes de que La Nación publicara una investigación que reveló el caso, Reiche ordenó destruir una escritura que probaba que la casa en Santa Ana pertenecía a una empresa panameña que él presidía. El acuerdo conciliatorio, aceptado también por la defensa de Ledezma, pretendía ofrecerle una disculpa pública y una compensación económica de ¢15 millones. Francisco Campos, defensor de Walter Reiche, confirmó ayer el rechazo de la jueza. “Considero que sus razones no consideraron los derechos de la víctima (Ledezma) razón por la cual presentamos un recurso de revocatoria y reserva de casación”, declaró Campos. Fe pública. El fallo de la jueza se produjo luego de que la oposición de la Procuraduría (que funge como abogado del Estado), la CCSS y el Ministerio Público. La Fiscalía argumentó que el bien jurídico titulado por los delitos en cuestión es la fe pública y quien la defiende es el Estado. Por eso, Ledezma no está facultada para conciliar. William Rodríguez, abogado de la CCSS, dijo que se opuso porque los hechos que se estarían conciliando están dentro de la pieza acusatoria del Ministerio Público.
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