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Sociedad y Servicios Caja asumirá los ¢6.000 millones anuales que hoy pagan los patronos Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) presentó ayer un proyecto de ley para pagar a las mujeres el 100% de las incapacidades por maternidad con recursos públicos. Hoy, el 50% de ese beneficio es pagado por los patronos. Eduardo Doryan, presidente de la CCSS, afirmó que la propuesta combatirá la discriminación laboral contra las mujeres.
Según Doryam, muchos patronos no contratan mujeres o las despiden para evitar gastos extra durante su período de embarazo, mientras que otros optan por emplearlas sin seguro social. La CCSS pagaría ¢6.000 millones adicionales al año para cubrir el 100% de las incapacidades. Esta propuesta de reforma al artículo 95 del Código de Trabajo fue entregada ayer al presidente Óscar Arias en las instalaciones de la empresa Demasa, en Pavas. Durante la actividad Arias dijo: “No estamos dispuestos a aceptar que el acto de dar una vida sea el que obstaculice la realización profesional de nuestras mujeres”. Cada año, 12.000 trabajadoras se acogen a la incapacidad por maternidad, que es de cuatro meses. Evelyn Lara, trabajadora de Demasa con siete meses de embarazo, estimó que la reforma daría más seguridad a las mujeres para poder trabajar. Consultado sobre por qué la CCSS desiste del aporte de los patronos, Doryan respondió: “No se le puede poner precio a mantener la discriminación”. Sostuvo que el pago de la incapacidad es una barrera para que muchas empresas pequeñas afilien a sus empleadas. Para Doryan, la reforma motivaría la contratación de mujeres y su afiliación a la CCSS. “Esto va a traer muchos más recursos a la seguridad social”, dijo. Según la Encuesta de hogares 2005 , el desempleo en las mujeres casi duplica al de los hombres. El jerarca sostuvo que la Caja ahora tiene recursos para asumir el costo total de las incapacidades gracias a las cuotas que percibe por los 40.000 trabajadores inscritos en los últimos 12 meses. Además, con ayuda de un centro de llamadas a los patronos morosos, se recuperaron ¢30.000 millones.
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