|
|
 |
|
 |
|||
|
|
Nuestro apoyo al TLC, por Costa Rica Carta programática de 73 alcaldes al presidente de la República, Óscar AriasLos alcaldes que suscribimos la presente, manifestamos nuestro apoyo al TLC que deberá ser votado en referendo, por el pueblo soberano, el próximo 7 de octubre. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso en la defensa de este tratado y del respeto por la voluntad popular expresada libremente en las urnas. La apertura del comercio exterior y la desregulación de los mercados han generado resultados positivos para la nación, en especia a lo que concierne a la modernización de la estructura productiva y a la capacidad de adaptarnos a la globalización de la economía, por medio de un dinámico sector exportador. Todos estos logros se verán potenciados con el ingreso a la zona de libre comercio de Norteamérica y Centroamérica, un mercado dinamizado por la mayor economía del mundo, que es además el destino del 42% de nuestras exportaciones y el origen del 49,5% de la inversión privada directa en Costa Rica. Economistas ligados a la CEPAL han estimado que, como resultado de nuestra inserción en el TLC, la tasa de crecimiento económico aumentará en un 2%, por encima de su nivel natural. No firmar el tratado amenazaría el acceso privilegiado al principal mercado del planeta, nos excluiría de buena parte del mercado centroamericano, nos restaría atractivo como destino para inversiones de calidad, amenazando los niveles actuales y futuros de empleo, y nos alienaría de la dinámica económica y diplomática de toda la región. No obstante lo anterior, constatamos que los éxitos de la apertura y de la desregulación no se han traducido en una mejor distribución del ingreso ni han contribuido, de manera contundente, a hacer desaparecer la pobreza, como fenómeno que hoy agobia al 23% de la población y subyuga a más de 235.000 hogares. En el largo plazo, diversas observaciones y mediciones muestran un aumento en la participación del 10% más rico y un descenso en los ingresos del 40% más pobre de los conciudadanos. De hecho, ha sido su preocupación, señor Presidente, el estancamiento en el porcentaje de costarricenses pobres. Desigualdad social. El corolario es que, como consecuencia de la desigualdad creciente, se ha visto comprometida la gobernabilidad de la nación, debido al surgimiento de peligrosas patologías sociales, así como a la polarización de la sociedad política, que dificulta la toma de decisiones urgentes para continuar el desarrollo económico. Es a partir de las anteriores constataciones que sentimos pertinente hacer una reflexión, así como formular cinco propuestas generales y dos iniciativas concretas, en su mayoría coincidentes con el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Ejecutivo que usted preside. Las medidas que solicitamos se sustentan, ante todo, en una elevación de la carga fiscal, en una mejor progresividad de su estructura y en una mayor participación del Gobierno en el ingreso nacional. La lógica que proponemos para la utilización de estos ingresos adicionales está orientada precisamente a fortalecer la competitividad de nuestros cantones y no simplemente a disminuir la peligrosa brecha de ingresos. Con estos objetivos en mente y en consonancia con su plan de gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo, le formulamos las siguientes cinco proposiciones generales: Reformas fiscales. Primero, le solicitamos hacer un esfuerzo conmensurable con el realizado para la aprobación del TLC, con el propósito de realizar las inaplazables reformas fiscales que nuestro actual nivel de desarrollo exige. Le pedimos impulsar la participación de los ingresos del Gobierno sobre el producto interno bruto (PIB), desde el actual 14,5 %, hasta un 18%. Esto implica una recaudación adicional, en el nivel actual del PIB, de unos $750 millones. En segundo término, solicitamos que lo recaudado con este aumento en los recursos tributarios se utilice en los siguientes rubros: elevación del presupuesto general de educación, hasta un 8% efectivo del PIB; documentación y titulación de la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de los asegurados a cargo del Estado; inversión en infraestructura cantonal y en el desarrollo de aquellas rutas y medios de transporte nacional indispensables para el desarrollo de nuestros municipios, en especial en las áreas rurales. Asimismo, pedimos apoyo técnico, crediticio y de mercadeo para el sector agropecuario: con el propósito de facilitar la transición de las ramas tradicionales hacia la modernidad y para apoyar a nuevos productos o empresarios innovadores. Art. 10 constitucional. Muy especialmente, los municipios consideran que es importante destinar un 10 % anual de la recaudación fiscal adicional para reforzar la capacidad de acceso a los beneficios del TLC. Es decir, pedimos el cumplimiento del artículo 170 constitucional en todos sus extremos. Con estos fondos de participación, las municipalidades nos obligamos a invertir, prioritariamente, en infraestructura escolar, infraestructura vial, seguridad ciudadana y generación de apoyos a la inversión social y a la productiva. En tercera instancia, pretendemos que se destine una cifra no inferior a $50 millones por año para suministrar las garantías bancarias que requieren los nuevos emprendedores, en especial los del área tecnológica y agropecuaria, y las microempresas o pequeñas empresas, como condición para acceder al crédito bancario. Este fondo de garantía debería ser administrado por la banca comercial en programas de crédito con plazos hasta de 15 años; sugerimos que los bancos estatales fijen metas de mediano plazo, con objeto de destinar no menos del 30% de su cartera de crédito a las microempresas y pequeñas empresas. La gestión de este fondo deberá realizarse con el fortalecimiento de programas de capacitación empresarial y educación técnica para microempresarios y pequeños empresarios, a cargo del INA y de las universidades nacionales. Salarios mínimos reales. En cuarto lugar, solicitamos, con respeto, una política de salarios mínimos reales crecientes, que beneficiará a los trabajadores y trabajadoras integrantes del 20% más pobre de nuestra población. La meta solicitada, en este ámbito, es que el incremento anual del 2% real sobre la tasa de inflación, se ejecute durante los próximos 3 años. Así, pretendemos revertir la disminución de dichas categorías salariales, experimentada en años anteriores, así como recuperar la tendencia salarial creciente del período 1988-1998. Finalmente, quisiéramos su apoyo irrestricto a la reforma del artículo 160 de la Constitución, que hará del agua un bien público, garantizando así la utilización justa y sostenible de este recurso, en el marco de nuestra realidad y de las negociaciones comerciales internacionales que nos involucren. Estamos conscientes, señor Presidente, de que las anteriores medidas están en completa armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos sociales de su gobierno. Estamos, también, conscientes de que su ejecución no es posible de forma inmediata, por lo que ha de realizarse a lo largo de su administración. Dos medidas concretas. Por lo tanto, y para avanzar en la aplicación de nuestras propuestas, los alcaldes sugerimos, con respeto, el inicio de un programa mínimo eficaz, en el plazo más inmediato posible. Este incluye dos medidas concretas, pensadas en consonancia con la política social de su gobierno, a saber: La primera es reforzar la capacidad municipal de invertir en el desarrollo y bienestar del mayor número, aumentando las partidas transferidas a las municipalidades, del actual nivel, de unos $5 millones, a $20 millones anuales, a partir, puntualmente, del primer semestre del 2008. Las municipalidades nos comprometemos a utilizar una parte significativa de este monto en mejorar nuestra capacidad de gestión y de proveer servicios de excelencia a la ciudadanía. Aunque esta acción es coherente con la reforma constitucional al artículo 170, solicitamos que se giren los fondos por el mecanismo de partidas específicas. La segunda medida inmediata es el aumento real de los salarios de los dos deciles con más bajos ingresos, en un dos por ciento por encima de la inflación, y efectivo a partir de las negociaciones salariales para el segundo semestre del presente año. Justicia y competitividad. Todas las medidas solicitadas se encuentran sustentadas en principios éticos de justicia y de acceso a las oportunidades generadas por el TLC, para todos los municipios y todos los ciudadanos del país. Están inspiradas en defender y desarrollar la competitividad de Costa Rica, no solamente con la firma de tratados internacionales, sino en el nivel educativo de su población, en los altos índices de salud que debemos defender a toda costa, en la tutela de nuestro patrimonio ecológico y de la sostenibilidad ambiental, y en una seguridad institucional y jurídica que se deriva de la estabilidad política de nuestro Estado democrático. En esta batalla por asegurar el futuro y por un desarrollo equilibrado y sostenible estamos solidariamente a su lado, sin condiciones ni prerrequisitos.
|
|
|||
 |
|
|
© 2007. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS |
