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Atropellos contra la ciudadanía Hemos venido trabajando en una tarea de años contra el TLCRosario Íncer A. Ingeniera Respondo a doña Janina Del Vecchio, por cuanto me endilga en su artículo la autoría del comunicado de la Comisión Nacional de Enlace sobre la resolución de la Sala IV, siendo que la posición y el pensamiento contenido en el texto responden a un colectivo y no a ninguna persona en particular, como ya aclaré anteriormente (La Nación , 20/7/07). No dice la verdad la señora Del Vecchio cuando afirma en su artículo que el eje de la argumentación de los sectores opuestos al TLC ha estado centrado en el tema de la constitucionalidad del Tratado; al contrario, el cuestionamiento ha sido a diversos temas: propiedad intelectual, inversiones, solución de controversias, territorialidad, laboral, ambiental, solo para mencionar algunos. Efectos documentados. Los opositores al TLC hemos venido trabajando en una tarea de años, advirtiendo sobre las consecuencias negativas, mucho antes de que el TLC fuera signado por el expresidente Pacheco. Es así como desde el Consejo de Defensa de la Institucionalidad, presidido por don Rodrigo Carazo, a inicios del gobierno pasado se entregaron documentos de los efectos del NAFTA en México y argumentos sobre las consecuencias que podría tener un tratado mal negociado. A finales del 2003, desde la Comisión de Enlace, se organizó un foro de análisis con la participación de especialistas y del experto mexicano Alberto Arroyo, quien expuso las consecuencias del NAFTA en su país –principalmente los efectos en el agro– a diez años de vigencia de este tratado. Desde la Comisión Nacional de Enlace y desde la Coordinadora Nacional se realizaron y promovieron talleres, foros de análisis, elaboración de documentos, se recorrió el país divulgando los efectos negativos del TLC y se organizaron frentes regionales. A lo largo de este período, se han publicado un sinnúmero de libros y documentos con análisis rigurosos del TLC, incluyendo el ahora olvidado Informe de los Notables. La culminación de este proceso pudimos verlo en la gran marcha multitudinaria del 26 de febrero de este año, donde convergieron por el NO una gran gama de sectores y personalidades del país. Falta de independencia. La legitimidad ha sido resquebrajada, no porque se cuestionen decisiones o porque se esté contra el sistema democrático, sino cuando no existe independencia política e imparcialidad de criterio de aquellos que fueron puestos para administrar esa institucionalidad, cuyos nombramientos cada vez con más claridad responden al poder político y económico dominante. Esa carencia de independencia política, que es lo que hemos cuestionado, contribuye a una deslegitimización social y política. Prueba de ello es la resolución del TSE sobre el papel de las universidades y la carta enviada a la UCR de parte de la señora Del Vecchio, pretendiendo acallar la tarea primordial de la universidad de “ser y propiciar la conciencia lúcida de la sociedad” y cuya actitud ha sido catalogada por las autoridades universitarias de “viejas usanzas de la clase política del siglo pasado”. El proceso del referendo, más que resolver la contradicción social que existe en el país, va a expresar la profundidad de la polarización; por lo tanto, de seguirse por el camino del atropello, al cual es sometida la ciudadanía, las consecuencias pueden ser de incalculable seriedad.
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