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EDITORIALVea, compare y…decida Bien está que el Ministerio de Economía cumpla con su función de información en defensa del consumidorFunciona mejor la competencia si a los consumidores de menores recursos se les ayuda a entender para no ser víctimas de los abusos Si para este Día de la Madre –o en cualquiera otra ocasión– usted desea adquirir electrodomésticos al crédito en una distribuidora comercial, mejor vea precios, compare las tasas de interés implícitas o explícitas en los respectivos contratos y, después, decida lo que mejor se ajusta a sus intereses y posibilidades. Porque se podría llevar una desagradable sorpresa. El costo del financiamiento en esos negocios comerciales no solo es elevado, en relación con otras fuentes alternativas de crédito, sino que varía enormemente entre las distintas empresas comerciales. Unas firmas cobran un 40% de interés anual, pero otras lo elevan hasta un 117%, con un promedio del 68,77% anual (sin ponderar). Así se desprende de un pormenorizado estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dado a conocer en nuestra edición del pasado viernes. Cumple así el Ministerio con una importante función de información en defensa del consumidor. Sin embargo, la disparidad y elevados niveles de las tasas de interés en ese creciente segmento del financiamiento al público provocan ciertas interrogantes inquietantes: ¿Por qué no baja el costo del crédito de manera concomitante con la reducción observada en los bancos comerciales y entidades financieras que integran el sistema bancario nacional? ¿Es insuficiente la competencia actual entre las financieras ligadas a las casas comercializadoras de electrodomésticos? ¿Deben regularse sus operaciones de crédito o continuar por la libre, como hasta ahora? ¿Qué papel deben jugar el Gobierno y el Banco Central en relación con este espinoso tema? En general, las tasas de interés prevalecientes en los distintos mercados son fijadas por las vetustas leyes de oferta y demanda. Eso es así aquí y en otras latitudes, y difícilmente va a cambiar. Es más, no debe cambiar. Porque reflejan las preferencias de oferentes y demandantes en relación con la escasez (o abundancia) de los recursos financieros existentes y los riesgos asociados con cada operación. La ponderación del riesgo es fundamental. Cada segmento del mercado tiene su propia dinámica, su clientela específica y opera con distintos patrones de riesgo. Los bancos de primer orden atraen los mejores clientes; es decir, aquellos con sobradas garantías y suficientes capacidades de pago, por lo que la probabilidad de incumplimiento se reduce considerablemente, al igual que las respectivas tasas de interés. Pero no es igual prestar dinero a personas sin historial de pago, con ninguna o pocas garantías y limitados ingresos que compiten diariamente con otras necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda. Parece un contrasentido: a los ricos se les cobra menos y a los pobres mucho más. Pero, en el fondo, no lo es. El cuidado fundamental de los operadores de crédito es preservar la integridad de los fondos disponibles para no erosionar el patrimonio y continuar prestando el servicio. La normativa de la Sugef les exige ser extremadamente cuidadosos con el crédito para evitar pérdidas que afecten a los depositantes, y les obliga a efectuar provisiones para responder a eventuales incobrables. El mandato, en palabras simples, es que no debe prestar a personas muy riesgosas. Por lo que quedan relegadas a financiarse en las entidades no reguladas, incluyendo las financieras de las comercializadoras. Pero si ellas quiebran, se acaba la actividad. Por eso, cuando un segmento dado es muy riesgoso, las pérdidas (promedio) también serán muy elevadas y, por tanto, las tasas de interés de mercado deben funcionar como una especie de seguro parcial de incobrables. Si se cayera en la fácil tentación de limitar las tasas de interés –como ha sucedido tantas veces en el pasado, aquí y en otras partes– se acabaría o reduciría sensiblemente la actividad, y los consumidores de menores recursos, aquellos sin acceso (a ningún costo) a la banca formal organizada, se quedarían del todo sin crédito. Sin Inés y sin el retrato, afirma el dicho. Pero eso no significa que las autoridades deban cruzarse de brazos. Funciones como la investigación de precios y calidades de los productos, incluyendo servicios de arrendamiento de dinero (como técnicamente las denomina el Código de Comercio) y difundirlas al público, como las que ha venido realizando el Ministerio de Economía y Comercio, contribuyen a incrementar el conocimiento sobre la oferta existente y pueden los consumidores discriminar entre los distintos oferentes. También deben exigir publicitar las condiciones de las respectivas contrataciones, incluyendo no solo el precio de contado, sino también las tasas de interés sobre saldos, comisiones y otras particularidades. Hay que partir de una realidad: los consumidores, sobre todo los de menores recursos, no siempre tienen suficiente conocimiento de temas complejos como las tasas implícitas de interés, cuando se enfrentan a simples cuotas quincenales o mensuales que presentan un mundo disfrazado de ilusión. Alguien debe ayudarlos. Así funciona mejor la competencia. Y nos complace reconocer que el MEIC, con ayuda de la prensa, está realizando una buena labor.
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