Presidente Alvaro Uribe
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BOGOTA (AFP) -
El gobierno colombiano admitió que en el último año ha retirado más de 150 oficiales, entre ellos un contralmirante, y 300 soldados de sus fuerzas armadas, mientras crece el escándalo que vincula a varios con narcotráficantes, en un revés a la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que en su primer año en la cartera aplicó la llamada 'facultad discrecional' que le permite pasar a retiro a más de 150 oficiales y 300 soldados, varios de ellos investigados por vínculos con capos del narcotráfico.
Entre ellos se encuentra el contralmirante Gabriel Arango Bacci, un alto oficial de la Armada (marina de guerra) que fue jefe de la Casa Militar (protocolo) de la Presidencia de la República, director de la escuela de cadetes y comandante de la base de la caribeña isla de San Andrés.
"No puedo negar que (la salida del almirante) está relacionada con el tráfico de drogas. Es una información que es cierta pero no puedo dar más detalles", añadió el ministro Santos al confirmar informaciones aparecidas en la prensa.
Arango Bacci "fue llamado a calificar servicios y que hay una investigación adelantada pero no quisiera decir más para que la investigación no se dañe", añadió. El almirante negó este lunes las acusaciones y dijo que está profundamente dolido.
El caso se suma al escándalo en el Ejército por la revelación, admitida por el presidente Alvaro Uribe y la cúpula militar, de que altos oficiales estuvieron al servicio de Diego Montoya, capo del cártel del Norte del Valle y por cuya captura Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares.
En desarrollo de esa investigación, la Fiscalía ha ordenado detener a cuatro oficiales, dos suboficiales y a al menos otros 20 militares en actividad y en retiro.
Uno de los oficiales capturados, el mayor retirado Manuel Pinzón, admitió que la red estaba al servicio de Montoya.
La infiltración del narcotráfico tuvo alcances particularmente delicados en la tercera división del Ejército, en cuya jurisdicción se incluye el departamento de Valle del Cauca, epicentro de las acciones del capo.
El caso se cobró la cabeza del comandante de la Tercera División del Ejército, el general Hernando Pérez, quien fue relevado del mando y trasladado a una oficina en el Centro Administrativo Nacional en Bogotá.
Las investigaciones han revelado que a través de la infiltración el prófugo capo del narcotráfico logró colocar a su servicios batallones, instalaciones y comunicaciones para proteger rutas de entrada de insumos y salida de cocaína, según informes de prensa.
Igualmente, de acuerdo con el testimonio del mayor Pinzón, el grupo de militares y un agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) permitieron durante varias oportunidades la huida de 'Don Diego' al dar nombres ficticios y revelar sitios diferentes a aquellos donde se movían para confundir a los investigadores que lo buscaban.
El diario El Tiempo de Bogotá señaló en su editorial dominical que "las graves revelaciones señalan una dramática ineficiencia en las labores de inteligencia y contrainteligencia, el flanco más debil de la política de seguridad democrática" que es la bandera del presidente Uribe.
Pero el comandante del Ejército, general Mario Montoya, desestimó esas críticias y resaltó que fue gracias a las labores de contrainteligencia que se logró descubrir la infiltración.
"No es justo que estos casos aislados hagan tanto daño a la institución. Nos corresponde ser implacables con la aplicación de la ley, en mi institución todos estamos notificados: aquí simple y llanamente el que la hace la paga", aseguró.
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