|
|
 |
|
 |
|||
|
|
Las lecciones del “11-M” Lucha contra terrorismo y delincuencia sin abandonar la estructura democrática del Estadoestructura democrática del Estado.Francisco Dall’Anese Ruiz Fiscal general Alcalá de Henares, 11 de marzo del 2004. Antes de las 7 a. m., numerosos habitantes de esa ciudad española llenaban la estación del ferrocarril para trasladarse a Madrid; algunos para llegar a tiempo a sus lugares de trabajo o de estudios, otros para realizar un trámite, para asistir a una cita médica, etc. Hubo quienes debieron correr para no perder el tren. El día comenzaba como cualquiera otro. Algunos hombres cargando morrales se desplazaron rápidamente entre los vagones y se ubicaron en lugares estratégicos predeterminados por ellos. A las 7 a. m., a las 7:05 a. m., a las 7:10 a. m. y a las 7:15 a. m., según los horarios programados, salieron puntualmente cuatro máquinas tirando buena cantidad de carros con ocupación plena. Aquellos que se situaron en lugares preestablecidos de los carros, bajaron en estaciones intermedias dejando en el ferrocarril las mochilas. Cada una de estas contenía una sustancia explosiva y un mecanismo construido con un reloj, un detonador y un teléfono celular, que la haría estallar al recibirse un telefonema. Minutos después del descenso de los hombres mencionados, explotaron las mochilas y con ellas los trenes a las 7:37 a. m. en la estación de Atocha, a las 7:38 a. m. en la calle Téllez, a las 7:39 a. m. en la estación El Pozo y a las 7:40 a. m. en Santa Eugenia. Entre pedazos retorcidos de metal quedaron 191 cuerpos sin vida, 1.841 personas heridas y centenares lesionadas psicológicamente. Los daños materiales ascendieron a €$17.624.000,00. Conclusiones: crimen organizado, terrorismo y, para España, la pérdida de la paz. La primera reacción del Gobierno español, bajo la presidencia de José María Aznar, fue la de atribuir la responsabilidad al grupo terrorista ETA, que lucha hace mucho tiempo para separar al país vasco. Tan “ligera” imputación después resultó desvirtuada porque los responsables –de acuerdo con la acusación del Ministerio Fiscal español– fueron islámicos inspirados en la Jihad o Guerra Santa, que con los atentados cobraron a España el apoyo a los Estados Unidos de América en la guerra contra Iraq. Dos causas: participar en la guerra y afirmar una falsedad. Una consecuencia: pocos días después el Partido Popular (PP) de Aznar perdió las elecciones y en su lugar resultó elegido el candidato del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin dilación alguna y dedicados intensamente al trabajo técnico y científico, la Policía, los fiscales y los jueces reaccionaron. Hubo una gran movilización de funcionarios para individualizar y desarticular a la organización criminal responsable de los atentados. En una clara demostración de objetividad, los órganos encargados de la persecución penal hicieron su trabajo sin dar paso a la influencia del PP; esto es, mientras el gobierno condenó a priori a ETA, los componentes del sistema penal –con total independencia– no cayeron en la tentación de hacer un señalamiento fácil y dedicaron sus esfuerzos a averiguar la verdad y a evitar la impunidad. Cuenta Javier Zaragoza, fiscal jefe de Contraterrorismo de la Audiencia Nacional, que se abrieron dos líneas de investigación: Un vehículo abandonado en el que se encontró hachís, huellas dactilares latentes, residuos de ADN, detonadores para explosivos y una cinta magnetofónica con versos islámicos, permitió abrir la primera línea. El hallazgo, entre los restos de un ferrocarril, de una mochila llena de dinamita del tipo 2 ECO, que no estalló por defectos en el ensamblaje del mecanismo integrado por un reloj, un celular y un detonador, permitió abrir la segunda vía. Ambas coincidirían al final en un vértice común para formular una acusación contra 29 imputados. Otros sospechosos todavía están en fuga. ¿Por qué en Costa Rica? El juicio iniciado el 15 de febrero del 2007, casi tres años después de los atentados, terminó el 2 de julio pasado; esto es, tardó cuatro meses y medio en sustanciarse. Ahora los Jueces deliberan, valoran la prueba y emitirán la sentencia probablemente el 1.° de octubre. Pareciera normal el tiempo para realizar el debate, si no fuera porque 300 testigos y 100 peritos fueron interrogados por 29 abogados defensores, por 5 ó 6 querellantes y por los fiscales. Se trata, subrayo, de 400 deponentes que declararon y unos 35 profesionales en Derecho que interrogaron. Al margen de esto, surge una pregunta: ¿por qué los juicios de Costa Rica, con menos deponentes tardan proporcionalmente mucho más tiempo? Este tema da para una investigación a fondo comprensiva de la actuación de fiscales, abogados defensores y de presidentes de tribunal; pero también de los encargados de cárceles y citaciones y de las autoridades penitenciarias. La causa de nuestros prolongados debates podría responder a muchos factores. Volviendo al tema principal, rescato de lo expuesto por el fiscal Zaragoza, lo que denominó “redireccionamiento del trabajo del Ministerio Fiscal y de la Policía de España” que, sin abandonar las funciones de represión del delito, se dedican ahora de modo sostenido a la prevención de acciones del crimen organizado. Esta redefinición de funciones del órgano tradicionalmente requeriente, atiende la necesidad de proteger a la ciudadanía antes de las ofensas delictivas. ¿Cómo lograr esto sin renunciar al principio de lesividad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica? ¿Cómo alcanzar esta meta sin trocar el Estado de derecho por un Estado autoritario? Estas son interrogantes que en su oportunidad discutiremos con nuestro buen amigo Javier Zaragoza, quien, por su formación democrática, también ha señalado que todo se ha hecho sin deteriorar las garantías constitucionales y las libertades ciudadanas. Resulta acertada la propuesta de enfrentar el terrorismo y la delincuencia organizada sin renunciar a la estructura democrática del Estado. Esa y no otra debe ser la premisa de partida de Costa Rica.
|
|
|||
 |
|
|
© 2007. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS |
