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TLC y autonomía universitaria En el referéndum están a prueba los pilares de nuestra madura democraciaSonia Marta Mora Escalante Exrectora UNA Es cierto que la convocatoria a un referéndum es una oportunidad histórica para fortalecer la democracia, pero lo es también que este proceso pone a prueba los pilares de una democracia madura como la costarricense. La capacidad reflexiva de la ciudadanía; la convicción democrática de los gobernantes, cuya imparcialidad favorezca la libre expresión de voluntades mediante el ejercicio, sin manipulaciones, del derecho al sufragio; la independencia de los poderes constituidos, tanto de las posiciones oficiales como del poder económico; la prudencia de los líderes de la contienda; el equilibrio de los medios de comunicación en relación con las posiciones en pugna, y el buen juicio de los árbitros, de forma que sus decisiones, proporcionadas y equitativas, inspiren confianza y se impongan como decisiones apegadas a la ley, pero, sobre todo, sabias y justas para las partes. La institucionalidad democrática, toda entera, resulta así desafiada por un proceso de las proporciones de este referéndum. Elemento fundamental de esa institucionalidad lo constituye el Sistema de Educación Superior Estatal, orgullo de los costarricenses. Su independencia ha permitido al país contar con un interlocutor con capacidad de poner la ciencia al servicio de las mejores causas. Rango constitucional. Tan sabiamente fue esto comprendido por quienes forjaron nuestra nacionalidad que el principio de autonomía universitaria fue elevado a rango constitucional, precisamente para que esa libertad no peligrara ante la presión de los grandes intereses. En muchos de nosotros resuena aquel voto de la Sala Consti- tucional en el que se establece la significación de la autonomía universitaria, que tiene por finalidad “procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores”. Enfatiza, asimismo, que “la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir … su gran cometido”. En la coyuntura actual, en la que se discute el TLC, las universidades, como ante muchos otros temas, han asumido su responsabilidad. Teniendo como emblema la defensa del interés general, han respondido a la consulta de la Asamblea sobre este proyecto. Y el rechazo razonado ha sido oportunamente comunicado a las instancias que corresponde. Mientras que, en otros países, el TLC fue aprobado sin ser conocido por los ciudadanos, en particular por aquellos socialmente más vulnerables y que están sufriendo sus consecuencias, en Costa Rica la existencia de una tradición intelectual y democrática ha permitido el desarrollo de un análisis independiente sobre el texto negociado. Resulta peligrosa, por lo tanto, cualquier decisión que pueda traducirse en una limitación de ese margen de libertad de las universidades públicas. Por ello, considero mi deber ciudadano el señalar, de la misma forma en que en estas páginas reconocí el acierto del Tribunal Supremo de Elecciones al aprobar la convocatoria a un referéndum, mi preocupación ante decisiones recientes que, según mi criterio, comprometen esta autonomía. Incomprensible restricción. Si la propia Carta Magna proporciona a las universidades el marco para que puedan defender, sin condicionamientos, una posición respecto a temas críticos –lo cual, en el caso del TLC es de aprobación o rechazo–, incomprensible resulta una restricción para que en sus auditorios únicamente realicen actividades “que sirvan exclusivamente para informar del tema”. Tampoco es aceptable una limitación para que puedan publicar campos pagados en los que defiendan o divulguen su posición oficial en relación con el tema de la consulta. Cualquier interpretación que implique una restricción a la participación de las universidades en este debate y permita, por el contrario, la del Poder Ejecutivo en la campaña mediante actividades en las que se promociona una posición mientras se comprometen recursos públicos en proyectos o se entregan beneficios financiados con recursos de todos los ciudadanos, mientras ese riesgo exista, la garantía de equidad se tornará esquiva y provocará un gravísimo daño a la confianza ciudadana. Sería injusto no reconocer lo inédito de este proceso y los vacíos de la legislación que lo orienta. Esto supone un gran desafío para los señores magistrados y señora magistrada del TSE. Pero sería grave callar estos riesgos, que pueden poner en peligro un proceso que será legítimo si se funda en reglas justas y realmente equitativas para las partes.
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