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EDITORIALGuatemala contra la impunidad Al fin surge una oportunidad sólida de frenar la penetración del crimen organizadoLa creación de la Cecig implica un enorme paso hacia un verdadero Estado de derecho Si algo ha quedado plenamente de manifiesto en Guatemala durante varios años es que el Estado no cuenta con la capacidad de emprender una acción vigorosa, eficaz y sostenida para establecer un verdadero régimen de derecho, desde el que sea posible, entre otras cosas, frenar la influencia del crimen organizado en múltiples organismos gubernamentales y poner fin a la impunidad que tanto daño ha hecho al país. A menudo, además, ni siquiera ha tenido la voluntad de intentarlo. Por estas carencias, los aparatos de seguridad y justicia oficiales han llegado a un virtual colapso, y la sociedad se ha convertido en rehén de diversas vertientes de delincuentes y criminales, incrustados dentro de la propia Policía y el Poder Judicial. En vista de esta crítica situación, hay que saludar como un enorme logro la decisión tomada el miércoles por el Congreso guatemalteco, por abrumadora mayoría, de establecer, con apoyo de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Su objetivo central será investigar, con absoluta independencia (y, esperamos, decisión), la influencia del crimen organizado en las estructuras del Estado y combatir el alto grado de impunidad que carcome al país desde hace más de 40 años. La Cecig solo se abocará a estas tareas de forma directa, mediante un grupo de especialistas nacionales e internacionales; también deberá fortalecer las instancias públicas responsables de la investigación y persecución penal de delitos cometidos por los grupos y estructuras y irregulares. Esta será una tarea particularmente difícil, en vista del temor generalizado que impera en el país, pero el éxito nunca ha estado tan cerca como ahora. La decisión, que pasó con 110 de los 158 diputados que integran el Congreso, es un triunfo importante, aunque tardío, del gobierno de Óscar Berger, un presidente realmente demócrata y defensor de los derechos humanos que, sin embargo, hasta ahora no había logrado salir del virtual encierro en que se encontraba en materia de seguridad y justicia. Además, es una muestra de unidad entre la mayoría de los sectores políticos del país, a excepción del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que domina el exdictador Efraín Ríos Montt, y el Partido Unionista, absolutamente minoritario. Y ha contado con un sólido respaldo de múltiples organizaciones sociales, en especial las defensoras de los derechos humanos. La tarea por delante es monumental. En Guatemala se entrecruzan una serie de complejas variables que atentan contra la seguridad y la justicia, entre las que están la ineficiencia de la Policía y los tribunales, la corrupción de muchos de sus funcionarios, la acción de los traficantes de drogas y personas, la criminalidad política por encargo, la acción de las pandillas juveniles conocidas como “maras” y una tradición de irrespeto a las leyes y las instituciones que se hunde en su pasado. Por esto, solo un grupo internacional se mostraba capaz de impulsar el cambio, aunque el FRG y otros representantes de las peores fuerzas guatemaltecas intentaron usar el argumento de la “soberanía” para impedir que se constituyera la Comisión. La clave, a partir de ahora, es que el Gobierno guatemalteco, junto a los diversos sectores aliados en esta tarea, se vuelque con decisión a respaldar la Cecig y a poner en práctica las recomendaciones que formule. En este sentido, las elecciones generales, que se celebrarán a finales del próximo mes, serán críticas. Porque la mayor parte de la responsabilidad ya no recaerá sobre Berger y su equipo o el actual Congreso, que terminarán sus funciones en diciembre, sino sobre un nuevo elenco de políticos y funcionarios, cuyo compromiso no se conoce plenamente. Por esto, tanto los que, desde los partidos y el Gobierno, asumieron el compromiso, como los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional, deben mantenerse muy alertas y activos. Y los ciudadanos deberán meditar muy bien su voto cuando acudan a las urnas para elegir a sus nuevos gobernantes.
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