Presidente boliviano Evo Morales
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LA PAZ (AFP) -
La Constituyente boliviana, una de las principales propuestas del presidente Evo Morales, debía entregar este lunes una nueva Carta Magna pero no pudo cumplir el plazo -ahora extendido a diciembre-, por las fuertes divergencias entre oficialistas y opositores y bajo acusaciones de inoperancia.
El empantanamiento de ese cónclave, que sesiona en la sureña ciudad de Sucre desde hace exactamente un año, es tan grande que sus 277 miembros no han logrado aprobar ni siquiera el primer artículo, lo que obligó a que el período de sesiones se extendiera hasta diciembre próximo.
Aún la inevitable extensión del período fue objeto de una dura negociación, pues la oposición exigió -a cambio de permitirla- que la Constituyente incluya temas de su interés.
El vicepresidente Alvaro García, a su vez presidente del Congreso, articuló el acuerdo luego de nueve días de negociación para que la Constituyente no quedara paralizada, aunque para ello tuvo que ceder en algunos puntos como la obligación de incorporar en la nueva Constitución el resultado del referendo de 2006 que da autonomía departamental a Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, controlados por la oposición a Morales.
Morales y el oficialista partido MAS contraponen el concepto de autonomías indígenas para reemplazar las departamentales.
El pacto parlamentario con la oposición ha provocado fisuras en las fuerzas del MAS, cuyo sector campesino clausuró el sábado simbólicamente el edificio donde sesiona la Constituyente en desacuerdo con la ampliación de sus tareas aprobada por el Congreso.
"El Conamaq (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo) declara clausurada este 4 de agosto la AC (Asamblea Constituyente) por ineficiencia", anotaba un letrero que al menos 500 indígenas colocaron a la entrada del órgano deliberante.
Constituyentes del oficialismo estimaron también que algunos puntos de la ley de ampliación del período de trabajo supone una "intromisión" del Congreso en la Asamblea Constituyente.
Se trata de una "intromisión parlamentaria", según el sociólogo y constituyente del MAS, Raúl Prada, que sostuvo que la Constituyente "ha perdido su carácter originario y su dignidad".
Los partidos políticos también condicionaron la convocatoria a dos referendos de carácter nacional.
El primero de ellos deberá dilucidar en las urnas los puntos de la nueva Constitución que no hayan alcanzado dos tercios de respaldo en la Constituyente, mientras que el segundo servirá para definir con el voto el nuevo texto de la Carta Magna.
En caso de que el referendo nacional no apruebe el nuevo texto, seguirá en vigencia la Constitución actual, aprobada en 1967, y reformada hace menos de tres años con la incorporación del mecanismo del referendo, durante la corta gestión del presidente Carlos Mesa (2003-2005).
Morales había prometido al inicio de su gestión, en enero de 2006, impulsar la Asamblea Constituyente de carácter plenipotenciario -y por ende fundacional- para que redacte una nueva carta política que remplace la vigente de 1967.
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