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Empresa utilizó bonos de vivienda para obtener concesiones Diputado del PAC Olivier Pérez ofreció plan habitacional y planteó condicionesJorge Eduardo Sánchez, legislador del PUSC, ‘gestor’ de proyecto Poza Azul Hazel Feigenblatt hfeigenblatt@nacion.com La empresa de bienes raíces Punta Dominical utilizó bonos de vivienda para conseguir que más de 40 familias desocuparan playa Dominicalito y que la Municipalidad de Osa se comprometiera a darle la playa en concesión. Las familias vivían ahí ilegalmente y debían desocupar la playa mientras se resolvían sus solicitudes de concesión. Estas competían con las de Punta Dominical y tres empresas más de dueños norteamericanos.
La zona no se podía dar en concesión mientras estuviera ocupada, y desalojar a las familias requería seguir procesos legales y utilizar la fuerza policial. Los derechos sobre terrenos de la zona marítimo-terrestre (ZMT) en Osa se traspasan en el mercado inmobiliario por montos millonarios. Los bonos que recibieron las familias fueron por ¢3,5 millones. En el 2000, el abogado de la firma y actual diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Olivier Pérez, planteó un convenio al Concejo Municipal y a las familias. La propuesta consistía en ofrecer el proyecto Poza Azul, que se construiría con bonos en una finca que la empresa donaría, pero pedía a las familias ceder “cualquier derecho” que tuvieran sobre la ZMT y renunciar a sus solicitudes de concesión. Pérez confirmó a La Nación haber hecho la oferta, pero negó haber gestionado los bonos. Los bonos. “Eso fue tarea de Rándall Sánchez (otro abogado de la firma) y Jorge Eduardo Sánchez (diputado entonces y ahora), que trabajaba con él, no sé cómo, coordinando algo de esto”, aseveró. Alfredo Bermúdez, presidente de Deppat, firma contratada por Punta Dominical para hacer el plan regulador de la playa, afirmó: “Jorge Eduardo Sánchez consiguió los bonos”. Sánchez admitió que él fue “gestor” del proyecto, pero que se limitó a dar información sobre el trámite de los bonos. El Banco Hipotecario de la Vivienda notificó a Sánchez cuando aprobó los bonos, en marzo del 2002. Sánchez explicó que ello se debió a que él preguntó si el convenio era aprobable. “Seguro fue una consulta verbal”, añadió. El convenio pedía a las familias “tener las condiciones socioeconómicas que la ley exige para ser beneficiado con un bono de vivienda”. Establecía que al recibir “su terreno y su solución de vivienda”, cada beneficiario “cederá y traspasará a las compañías donantes cualquier derecho o situación jurídica o de cualquier índole que en su favor pudiere tener”. También debía renunciar a su solicitud y “se comprometerá a no presentar ninguna otra solicitud”. La lista de beneficiarios fue elaborada por una comisión, en la que participó un representante de las empresas. Así lo indica un documento facilitado por Punta Dominical, que no detalla quiénes integraron la comisión. Esta “realizó un exhaustivo análisis” de las familias, decidió cuáles “calificaban para ser parte del proyecto” y las familias “fueron aprobadas por la comisión para ser trasladadas” a Poza Azul. Oferta condicionada. Según el convenio, el cumplimiento de la oferta “se sujetará al hecho de (…) que se dé la aprobación del plan regulador y de las solicitudes de concesión de las compañías donantes”. Pese al condicionamiento, el Concejo Municipal aprobó el convenio y el plan regulador en diciembre del 2000. Las familias recibieron el bono a finales del 2002. En febrero del 2004, el municipio aprobó casi 30 hectáreas en concesión a favor de la empresa. El alcalde de la época, Mario Martínez, explicó que la Municipalidad deseaba atraer inversión a la zona. “Lo que se quería era una zona más libre de construcciones y de situaciones (ilegales) que en sí no son rentables”, comentó. El convenio indica que las empresas “donarán terrenos” para construir las casas, pero el Estado pagó por los lotes, mediante la Fundación Costa Rica-Canadá, que administró los bonos. Mario Pacheco, gerente de Punta Dominical, dijo que la firma usó el dinero para que las casas de las familias fueran más grandes. Agregó que la empresa aportó recursos para construir una escuela, una iglesia y otras obras. “Los bonos los recibieron las personas que voluntariamente aceptaron esa opción”, comentó. Pacheco aclaró que las familias ubicadas en las “áreas de concesión más valiosas” rechazaron el convenio. Extraviados. Los expedientes de numerosas familias que recibieron el bono están “extraviados”, dijo el alcalde de Osa, Alberto Cole, y no se pudo saber qué ocurrió con las gestiones. Este año, varias familias intentaron reactivar su solicitud. Según el diputado Pérez, la mayoría de los beneficiarios firmó el convenio y las copias se enviaron al municipio. En su opinión, fue una oportunidad “bastante buena” para ellos pues algunos solicitaban áreas públicas no concesionables. No obstante, dijo que él se opuso a condiciones del convenio que podrían ser “un acto ilegal”, porque un municipio no puede comprometerse a aprobar concesiones. Aunque él propuso el convenio, atribuyó esas condiciones a otro abogado de los empresarios, Rándall Sánchez. En tres ocasiones, Sánchez declinó pronunciarse. El ‘contacto’. Pérez agregó que el abogado Sánchez “contactó a Jorge Eduardo Sánchez” y que este “hizo los contactos con el gobierno para que el gobierno actuara”. El legislador Sánchez comentó que primero lo contactó el Concejo Municipal y “luego la empresa”. “Les dije cómo son los contactos y cómo tienen que hacer”, añadió. En una sesión municipal de diciembre del 2000, Sánchez dijo a las familias: “El que no quiera el convenio se queda donde está”. El parlamentario aseguró a La Nación que su intención fue invitar a las familias a negociar con la empresa para “sacarle el lote”, pero que desconocía el contenido del convenio. Este se aprobó en esa sesión.
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