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EDITORIALLogros y retos económicos El reto ahora es enfrentar los riesgos, consolidar los indicadores y mejorar los índices de pobreza y distribuciónUna vez aprobado el TLC, el país podrá aprovechar esta coyuntura para desarrollar la amplia agenda pendiente Si la sanidad de la economía costarricense se juzgara por la evolución de los indicadores económicos recientes se diagnosticaría que disfruta de un buen estado de salud y tiene, además, un potencial desaprovechado. La producción está creciendo satisfactoriamente, se han incrementado los salarios reales, el turismo y otros productos de exportación han visto aumentar sus cotizaciones en el mercado mundial, y no se vislumbran riesgos de una crisis fiscal ni de balanza de pagos. Bien se podría afirmar que el país se enrumba hacia un nuevo estadio de desarrollo. Sin embargo, aún falta un trecho por andar. Hay riesgos asociados a factores externos, como la disminución en el crecimiento de la economía norteamericana y los crecientes precios del petróleo, y otros vinculados a la propia inercia interna, como la ausencia de una estrategia integral de conservación de energía y la paralización de la agenda de desarrollo por la oposición al libre comercio. Esto último ha impedido avanzar en otras áreas. La conclusión general es que la economía muestra indicadores bastante satisfactorios. El índice mensual de actividad económica (IMAE), que recoge los indicadores productivos más importantes, bajó recientemente, pero aún muestra cifras elevadas (6,7%), al igual que las exportaciones totales (15%). Los ingresos, salarios y pensiones han crecido por encima de la inflación; la situación fiscal –según dimos a conocer y comentamos en editoriales anteriores– ha contribuido a disminuir la inflación y las tasas de interés, y ha permitido el otorgamiento de crédito abundante para la producción privada. El turismo ha aumentado no solo medido por el número de visitantes, sino también por el monto promedio gastado en el país (6,4%). Los precios de ciertos productos complementarios de exportación, como el café, la leche y el azúcar, han visto incrementar sus cotizaciones en los mercados externos, y la inversión extranjera registra niveles absolutos y relativos (en términos del PIB) raramente vistos en el pasado. A lo anterior se suman las expectativas de inflación y devaluación que compila mensualmente el Banco Central, más reducidas que en años anteriores (aunque ligeramente más elevadas que sus propias metas) y el índice de confianza en la gestión de las autoridades, que también se ubica en un buen nivel. La reciente resolución de la Sala Constitucional sobre el tratado de libre comercio (TLC) abonó a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, pues vino a reafirmar la supremacía del Estado de derecho sobre las visiones minoritarias de quienes cuestionan la legitimidad de las instituciones. Todo esto confirma que el país está atravesando un buen momento y que la mejoría económica ha influido también en lo social. El reto, sin embargo, es enfrentar los riesgos que, desde ahora, se visualizan para poder consolidar los indicadores y mejorar los índices de pobreza y distribución. Uno de los retos más urgentes es diseñar una estrategia para enfrentar la creciente demanda energética, compatible y amigable con el ambiente. El país ha podido enfrentar los aumentos en el precio del crudo sin restringir indebidamente las importaciones, gracias a la inversión hidroeléctrica acumulada y la afluencia de capitales. Sin embargo, no se ha elaborado ni se ha puesto en práctica un plan comprensivo de conservación de la energía, capaz de asegurar el futuro. No basta restringir a ciertas horas el ingreso de vehículos a la ciudad capital ni enumerar objetivos deseables en conservación. Resulta necesario legislar para inducir al ahorro de combustibles y hacer vinculante la utilización de fuentes de energía limpia y más eficiente. Las empresas se beneficiarían con su utilización puesto que estudios recientes han señalado precisamente la existencia de diversas fuentes de energía que implican una reducción de costos y aumentos en la productividad. El otro reto pendiente es iniciar cuanto antes las demás reformas estructurales necesarias para consolidar los logros económicos. Eso incluye modificaciones a los sistemas financiero, cambiario, fiscal y tributario, redefinir el régimen de zonas francas, aprobar las leyes de implementación del TLC y modernizar el aparato estatal, entre otras cosas. La agenda ha estado prácticamente paralizada por varios años debido a la intransigente oposición al TLC. Y posiblemente seguirá paralizada por los próximos dos meses. Un país que no avanza, eventualmente retrocede. Y eso es lo peor que le podría suceder a Costa Rica. Afortunadamente, hay esperanzas. Una vez efectuado el referendo, el país podrá aprovechar la presente coyuntura favorable para seguir adelante con la agenda pendiente y transitar hacia ese nuevo estadio de desarrollo.
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