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Grandes obras públicas esperan un milagro en el Congreso Proyecto agilizaría construcción de carreteras con 30 años de atrasoSi ley no es convocada a extraordinarias, se atrasaría hasta 2008 Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Carreteras diseñadas en los años 70, un megapuerto en el Caribe y el aeropuerto de la zona sur son apenas tres de los grandes proyectos que esperan un milagro en el Congreso: la aprobación de las reformas a la Ley de concesiones, empantanadas hace un año. El proyecto entró en el 2005 a la corriente legislativa y fue aprobado en primer debate el 25 de julio del año pasado. Sin embargo, en los últimos 12 meses la iniciativa se atoró entre mociones, modificaciones al texto y prohibiciones. Los cambios a la Ley de concesión de obra pública pretenden agilizar los trámites que deben completar las firmas privadas para construir y administrar grandes obras de infraestructura. Mientras, la construcción de un anillo periférico que enlace las carreteras Próspero Fernández (Santa Ana), Florencio del Castillo (Cartago), General Cañas (Alajuela) y la carretera Braulio Carrillo (Guápiles) cumple 30 años engavetada en escritorios del Gobierno. Según Pedro Castro, viceministro de Obras Públicas, esta obra de $300 millones solo puede construirse mediante concesión de obra pública, porque el Estado no dispone de tanto dinero. La ministra del ramo, Karla González, coincidió en que la concesión es la mejor alternativa, pues de lo contrario el país dispararía su endeudamiento con bancos internacionales. La misma suerte corre la conclusión del tramo norte de la carretera de Circunvalación, la ampliación a seis carriles de la autopista Florencio del Castillo y la construcción de un megapuerto de $600 millones en el Caribe. El 25 de julio del 2006, la reforma fue aprobada en primer debate. Sin embargo, la Sala IV encontró roces de constitucionalidad, que fueron subsanados por la Comisión de Hacendarios. Luego se incluyeron modificaciones al texto, entre ellas, una que prohíbe concesionar servicios de salud. Entrabamiento político. Silvia Charpantier, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aseguró que la ley no ha sido aprobada por trabas políticas. Ella se refirió expresamente a la oposición del diputado del Movimiento Libertario, Mario Quirós, quien presentó una nueva moción para que se controle más el fondo para consultorías del Consejo Nacional de Concesiones. “Es incomprensible que el Movimiento Libertario se haya opuesto al avance del proyecto, alegando pequeños defectos en la reforma que son subsanables. La posición de Mario Quirós no es razonable”, se quejó la liberacionista. Quirós aseguró que su moción no pretende entrabar el proyecto, sino darle más control al manejo del dinero que invierte el Consejo. “Lo que no quiero es que le metan zancadillas al erario público y lo desvalijen”, dijo el libertario. Ante tales acusaciones, el secretario técnico de Concesiones, Luis Diego Vargas, catalogó la actitud de Quirós como una “grosería”. “Yo no entiendo cuál es la persecución de don Mario, alguien que había apoyado el proyecto, ahora le pone zancadillas. No podemos ejecutar proyectos de $400 millones si no existe equipos gerenciales capaces de administrarlos con rigor absoluto y eficiencia probada, alegó. Un año más. La próxima semana el Congreso podrá discutir el informe de mayoría de una comisión especial que aprobó el proyecto y discutir las mociones acumuladas hasta entonces. No obstante, si no se completa este trámite y se vota la reforma antes del 1.° de agosto –cuando inicia el período de sesiones extraordinarias– es probable que el proyecto se atrase hasta el 2008, vaticinó Charpantier. Además, no hay garantía de que el Poder Ejecutivo convoque este proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias. A través de su oficina de prensa, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, explicó que la agenda aún está en discusión y no puede precisar si convocará la reforma. “Efectivamente el proyecto de concesión de obra pública sigue siendo una prioridad de esta Administración para avanzar en materia de infraestructura y creemos que debió haber sido aprobado hace años”, agregó Arias.
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