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El ICE compró 60.000 módems por $2,5 millones en el 2005. Esos contratos ya no irían a la Contraloría.
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Aumento de ¢275 millones a ¢2.600 millones para licitación pública

Contraloría duda de alza en monto de contratos del ICE

Comisión legislativa planteó cambio en capítulo de contratación
Plan promueve licitaciones abreviadas sin refrendo contralor

Hassel Fallas
hasselfallas@nacion.com

La Contraloría General de la República tiene dudas sobre la idea de subir los topes para las licitaciones públicas y abreviadas del ICE.

Carlos Arguedas, gerente de la División de Contratación Administrativa del ente contralor, señaló que, según recientes resoluciones de la Sala Cuarta, la propuesta podría ser inconsti- tucional.

Los legisladores de la Comisión de Fortalecimiento y Modernización del sector telecomunicaciones dictaminaron que el concurso público se aplique a las compras que superen los ¢2.600 millones, y que los montos para los abreviados estén entre ¢38 millones y ¢2.600 millones.

Actualmente, las licitaciones públicas del ICE superan los ¢275 millones y, para el modo abreviado, el monto es de entre ¢38 millones y ¢275 millones.

La Contraloría prefiere abstenerse de señalar si es conveniente elevar los límites de contratación.

Sin embargo, Arguedas afirma que habría conflicto de legalidad. “Son montos muy altos y, según la jurisprudencia reiterada y reciente de la Sala Cuarta, podría haber roces de constitucionalidad”, dijo.

Arguedas agregó que topes elevados pueden limitar la participación de los oferentes y restringir los controles.

El liberacionista Óscar Núñez afirmó que la intención del foro que preside era “subir más los topes”, pero que no se hizo al considerar la posibilidad de que hubiera alguna inconstitucionalidad.

“A la luz de los porcentajes de adquisición histórica del ICE, nos dimos cuenta de que elevar los montos al punto que queríamos no era posible ”, afirmó Núñez.

La legisladora Leda Zamora, del Partido Acción Ciudadana, comentó que tiene “serias” reservas sobre la propuesta.

Sin embargo, “esas dudas las dejamos ahí y en su momento será la Sala la que determinará si proceden o no”, agregó Zamora.

Al respecto, Arguedas manifestó que la Contraloría aconsejó que se revisaran los parámetros de jurisprudencia con el fin de prevenir “accidentes”.

Núñez aseguró que los montos los concilió la comisión “hasta el máximo” con el ente contralor y que los miembros del foro estuvieron de acuerdo con la decisión.

Sin refrendo. Diputados de la comisión que dictaminó la modernización y fortalecimiento del sector telecomunicaciones el pasado 20 de junio, también pretenden que las licitaciones abreviadas no vayan a la Contraloría para ser refrendadas.

En su lugar, proponen que sea la Unidad de Asesoría Jurídica del ICE y una Junta de Adquisiciones que se creará en la entidad, las que determinen la aprobación de los contratos.

Las licitaciones abreviadas establecen que, de un registro especial, el ICE puede escoger al menos a cinco proveedores, a los cuales invita a participar en el concurso.

Arguedas aseguró que la Contraloría aprueba que el ICE tenga mecanismos que sustituyan el refrendo, pero que eso debe hacerse paulatinamente.

“No defendemos los controles previos por sí mismos. En un contrato donde están en juego miles de millones de colones, no solo es importante el control de la Contraloría, sino también el de los oferentes”, señaló Arguedas.

El capítulo de contratación administrativa que adicionaron los diputados al proyecto original también impulsa reducir a 20 días hábiles el refrendo de las licitaciones públicas. Hoy, el proceso dura 40 días hábiles.

“Los negocios del ICE son muy complejos y, si usted los deja muy poquito tiempo, es como si les quitara el control, los 20 días son razonables”, concluyó Arguedas.

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