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Política Hazel Feigenblatty Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com El Estado presentó ayer una demanda civil contra todos los involucrados en el caso Alcatel, a fin de resarcir los daños generados por irregularidades en el 2003. En el caso, referente a negocios entre esa firma de telecomunicaciones francesa y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aparecen implicados, según la Fiscalía, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y otras autoridades. La indemnización planteada es de $52 millones (¢27.040 millones), dijo Ana Lorena Brenes, cabeza de la Procuraduría General de la República, órgano defensor del Estado. A ese monto se le suman los intereses y los costos que los tribunales determinen al final del proceso. El daño social (cuando un delito afecta intereses colectivos o difusos) se estimó en $34 millones. Esta cantidad se calculó con la misma metodología utilizada para la demanda civil por el caso Fischel, relacionado con la compra de equipo médico mediante un préstamo finlandés, por el cual se reclama un total de $135 millones (¢70.200 millones) y en el que aparece involucrado el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Los embargos hechos hasta ahora por el caso Alcatel cubren $14 millones (¢7.280 millones), de los cuales el más fuerte es el realizado a la empresa francesa, ya que la subsidiaria costarricense de esa firma está demandada por lo civil. El ICE también debe presentar sus pretensiones, si desea constituirse en querellante. Se desconoce aún si el Instituto ha planteado alguna demanda civil por este caso. La Nación intentó contactar a Giovanni Bonilla, director legal de la institución, pero no devolvió las llamadas a su celular. Una vez que las pretensiones estén presentadas ante el Ministerio Público, este planteará la acusación ante el Juzgado Penal, y un juez hará una audiencia y determinará si el caso se eleva a juicio.
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