Marcha de inmigrantes en Washington
(AFP)
|
WASHINGTON (AFP) -
Patrones obligados a garantizar que sus empleados estén en regla; multas para quienes alquilen viviendas a indocumentados; policías entrenados para actuar como agentes migratorios: en Estados Unidos las leyes para combatir la inmigración ilegal se multiplican y generan preocupación entre defensores de inmigrantes.
El fallo de un juez federal que la semana pasada anuló leyes contra ilegales del poblado de Hazleton (Pensilvania) por violar derechos protegidos por la Constitución, fue celebrado por organizaciones proinmigrantes.
Pero la decisión sacó a relucir nuevamente toda una batería de medidas con las cuales pequeñas localidades norteamericanas quieren enfrentar la inmigración ilegal.
"Hay por ahí unas 33 medidas que han pasado (han sido aprobadas) y hemos podido derrotar unas 38. Y hay como otras 40 por ahí pendientes", dijo a la AFP Cristina López, subdirectora ejecutiva del Centro para el Cambio Comunitario, que forma parte de la coalición Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FAIR en inglés).
"Es una gran cantidad de actividad", sostuvo López. "Estamos muy preocupados con las medidas en contra" de los indocumentados, "alarmados en el número en que están ocurriendo", añadió.
El FAIR, una coalición de agrupaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en todo el país y uno de los principales grupos de cabildeo en Washington en favor de reformar las leyes migratorias, elaboró una base de datos con algunas iniciativas locales -presentadas o aprobadas- que apuntan a los inmigrantes.
La extensa lista comienza con la medida adoptada por Athenas (Alabama), que permite revocar el permiso de una empresa que trabaja para la ciudad si se descubre que contrata a inmigrantes indocumentados a sabiendas.
Según el cuadro, en cuya elaboración participó también la principal organización de defensa de las libertades civiles del país, la American Civil Liberties Union (ACLU), son asimismo muy comunes iniciativas para multar o sancionar a quienes alquilen su vivienda o den trabajo a inmigrantes sin papeles.
En octubre del año pasado, la pequeña ciudad de Herndon, en el estado de Virginia, fue noticia en los medios del país al proponer que la policía municipal pudiera ejercer funciones equivalentes a las de agentes migratorios federales.
Otras comunas estadounidenses intentan convertir al inglés en el idioma oficial del lugar, lo que reduciría la posibilidad de acceder a documentos y servicios en otra lengua.
"Es la nueva estrategia de los grupos antinmigrantes, como ven que no han podido hacer algo a nivel federal" buscan actuar a nivel local, señaló Cristina López. "Es mucho más difícil para todo el movimiento (proinmigrante) estar peleando cientos de peleas a la vez", sostuvo.
Algunas comunas, por el contrario, han adoptado medidas para facilitar la integración de los inmigrantes.
López recordó por ejemplo que la localidad de New Haven, Connecticut, decidió "algo concreto, que es ofrecer tarjeta de identidad a todos los residentes sin importar el estatus". "En National City, California, crearon una ciudad santuario", añadió.
La activista señaló que no obstante la mayoría de las decisiones que favorecen a los inmigrantes son esencialmente de apoyo verbal.
"En cambio las anti (inmigrantes) son bastante específicas y bastante duras", acotó.
La decisión del juez federal James Munley la semana pasada sobre leyes locales de Hazleton, Pensilvania, dio renovada esperanza a grupos proinmigrantes.
Las ordenanzas promulgadas por el alcalde republicano Lou Barletta prohibían alquilar viviendas a indocumentados e impedían que fuesen contratados por empresas.
Pero el magistrado consideró que "aunque las medidas de Hazleton no estén en conflicto con la ley federal, la ciudad no puede implementar una ordenanza violando derechos que la Constitución garantiza a toda persona en Estados Unidos, sean o no residentes legales".
"Este fallo envía una clara señal de que la ordenanza de Hazleton y otras leyes similares contra los inmigrantes son inconstitucionales y no podrán ser mantenidas", festejó Clarissa Martínez, directora de la Coalición para una Reforma Inmigratoria Completa (CCI, por sus siglas en ingés).
El Congreso fracasó por segunda vez en junio pasado en aprobar un proyecto de reforma migratoria, que tenía el visto bueno de la Casa Blanca y abría el camino a la regularización de unos 12 millones de indocumentados que se estima residen en el país.
| 
