El mandatario boliviano
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LA PAZ (AFP) -
El presidente boliviano Evo Morales anunció el jueves medidas de profundización de una ley agraria que busca beneficiar a campesinos e indígenas, que de antemano provocaron críticas de empresarios agroindustriales y latifundistas que temen una reversión de tierras.
Morales anunció la próxima titulación de 5,5 millones de hectáreas de tierra en favor de indígenas, con el objetivo de mejorar los sistemas de producción de alimentos, el manejo de los bosques y la conservación de los recursos naturales.
Durante sus primeros 19 meses de gestión, Morales firmó títulos de propiedad de 494.899 hectáreas de tierra, frente a las 36.815 hectáreas suscritos a lo largo de casi 10 años por seis gobernantes anteriores, a un costo de 90 millones de dólares.
Según el mandatario de origen indígena, cada hectárea entregada en los anteriores gobiernos tenía un costo de 10 dólares, frente al actual de apenas un dólar.
"Esa es una muestra de cómo se manejaban antes los intereses de los bolivianos", deploró ante una masiva concentración indígena en los valles de Ucureña, unos 430 km al sudeste de La Paz.
Morales acudió a esa concentración en honor al Día del Campesino, que se celebra desde 1953, cuando el cuatro veces presidente Victor Paz Estenssoro promulgó una ley agraria revolucionaria, alentado por el apoyo de sus bases campesinas.
El mandatario boliviano propuso celebrar a partir de ahora el Día de la Revolución Agraria, debido a que el nuevo reglamento, que sustenta la ley agraria, incentiva la "mecanización del agro, la redistribución de la tierra (..) y la producción ecológica".
Morales, que sigue la línea izquierdista de Cuba y Venezuela, propuso además que los indígenas entonen desde ahora el himno patrio con el brazo derecho pegado al pecho, en orientación al corazón, y el brazo izquierdo en alto con el puño cerrado.
"Este es un símbolo de la reforma agraria, un símbolo de reinvindicación de la lucha de nuestros antepasados", justificó.
El jefe de Estado entregó, además, el reglamento agrario que reivindica los derechos de los campesinos e indígenas y desestima el "acaparamiento ilegal de tierra".
El nuevo reglamento tampoco reconoce "derechos ilegales sobre la tierra, obtenidos por mecanismos de fraude, estafa, soborno, corrupción y otros elementos delictivos", entre los cuales la apropiación de tierras fiscales.
Asume además "la lucha contra el fraccionamiento de propiedades grandes que se hacía para acogerse a los beneficios de la Pequeña Propiedad, tanto en tema de impuestos, pago de adjudicación y otros beneficios".
"En el caso de tierras fiscales acaparadas, traficadas o vendidas, además de resguardar las mismas para su redistribución, se seguirán acciones jurídicas agrarias y procesos penales", señala el reglamento.
El documento está concebido, según Morales, para mejorar la producción y garantizar la soberanía alimentaria.
Los empresarios agroindustriales y los latifundistas temen que el reglamento sirva para justificar un proceso de reversión de tierras privadas.
El presidente de la asociación de agroindustriales, Gabriel Dabdoub, vaticinó el fracaso del reglamento debido a que "no fue consensuado" con las partes concernidas.
"Los (productores) agropecuarios no invertirán y no habrá producción, no porque no quieran invertir sino porque no hay garantías", señaló a la prensa local.
Actualmente Bolivia cuenta con alrededor de 1,4 millones de hectáreas susceptibles de distribución a corto plazo, entre campesinos e indígenas sin tierra, según cifras oficiales.
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