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Investigación Exmandatario obtuvo $1,4 millones de Gobierno de Taiwán, dice Fiscalía Ernesto Rivera y Hazel Feigenblatt erivera@nacion.com El Ministerio Público presentó acusación formal contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría por haber recibido, supuestamente, dádivas provenientes de la empresa Alcatel y del Gobierno de Taiwán. La acusación y la solicitud de apertura a juicio se efectuó el pasado viernes 27 ante el Juzgado Penal de Hacienda, y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José. Los fiscales atribuyen al expresidente Rodríguez (1998-2002) un delito de corrupción agravada y cuatro delitos de enriquecimiento ilícito. Según el Ministerio Público, Rodríguez recibió $1,4 millones en dádivas provenientes del Gobierno de Taiwán. El exmandatario habría recibido, además, otros $589.563 en diversos instrumentos financieros, más $231.000 en efectivo, provenientes de Alcatel. La acusación detalla que en 1999, cuando era Presidente, Rodríguez gestionó ante el entonces embajador de Taiwán en Costa Rica, Wen Mao-Ko, un préstamo de $2 millones. Según los fiscales, como resultado de esa gestión, Rodríguez obtuvo como regalía, y no como préstamo, cuatro dádivas que llegaron a la cuenta en Panamá de la sociedad Inversiones Denisse, Se trató de dos transferencias de $500.000 cada una, enviadas por la empresa The Friendship Co. Ltd., y dos cheques de $200.000 cada uno, girados directamente por el Embajador de la República de Taiwán en Costa Rica. En relación al caso Alcatel, los fiscales alegan que Rodríguez exigió al exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo, el 60% de una dádiva ofrecida por representantes de Alcatel a Lobo. Lobo confesó que entregó a Rodríguez $589.563 en varios instrumentos financieros, más $231.000 en efectivo del dinero enviado por la firma Alcatel CIT. La acusación indica que el dinero fue entregado a Rodríguez como parte de un acuerdo delictivo y no como un préstamo, tal como alega el Expresidente. Once acusados. La Fiscalía presentó cargos contra otros 10 imputados en el caso, por la supuesta entrega y recepción de dádivas a políticos y funcionarios públicos con dinero proveniente de la telefónica francesa Alcatel. Entre ellos figuran el exgerente de Alcatel Costa Rica, Édgar Valverde Acosta, y el exdirectivo del ICE, Joaquín Alberto Fernández. La Fiscalía no incluyó en la acusación a los exdirectivos del ICE, José Antonio Lobo Solera y Hernán Bravo Trejos. Lobo, quien confesó haber recibido dádivas por $2,5 millones, no fue incluido dentro de la acusación. Por colaborar en la investigación, la Fiscalía le aplicó el beneficio del criterio de oportunidad, una facultad legal del Ministerio Público para prescindir de la acción persecutoria de un delito. Bravo Trejos, quien confesó haber recibido $1.092.280 provenientes de Alcatel, acordó con el Ministerio Público solicitar un castigo de tres años de prisión con ejecución condicional de la pena. Plan para ofrecer y corromper. Segú n la acusación, el exvicepresidente de Alcatel para América Latina, Christian Sapsizian, y el exgerente de Alcatel en Costa Rica, Édgar Valverde Acosta, elaboraron un plan. Este tenía como objetivo ofrecer y entregar dádivas a funcionarios y políticos que tuvieran injerencia o poder de decisión en las contrataciones del ICE. La acusación adjudica a Sapsizian y Valverde la intención de conseguir, mediante la entrega de estas dádivas, la adjudicación de contratos para vender al ICE 400.000 líneas celulares de tecnología GSM. La Fiscalía alega que Sapsizian y Valverde acordaron entregar el dinero por medio del abogado Luis A. Quirós Carmona, quien utilizó para ello a la empresa Servicios Notariales Q. C. Con ese fin, la firma recibió un total de $15,1 millones provenientes de Alcatel CIT. Según los fiscales, en la distribución de dádivas participaron los empresarios Leonel Barrios Arce y Alfonso Guardia Mora. Ambos habrían colaborado en el ofrecimiento y entrega del dinero al exdirectivo del ICE, Hernán Bravo Trejos. La acusación señala que Guardia Mora ayudó a Bravo Trejos a recibir parte del dinero en cuentas panameñas, servicio por el cual habría cobrado una comisión de $225.535.
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