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/ LA NACIÓN

¿Quién salvará nuestra agua?

El agua de todos los costarricenses es objeto de auténticas tropelías jurídico-políticas

Quírico Jiménez M.
qjimenez@esph-sa.com
Exdiputado

Nuestro país, sin duda, es una gran fábrica de agua. Históricamente, sin embargo, Costa Rica ha visto el “oro blanco” de una forma desinteresada, posiblemente porque existe la errónea idea de que el agua es un recurso natural infinito e inagotable. O tal vez porque es barata y abundante, debido a la ventaja que significa el tener un régimen privilegiado de lluvias. Sobra mencionar que la gestión adecuada del recurso brilla por su ausencia.

Por esto, conocedores de su vulnerabilidad, de la anarquía existente en su gestión, de la duplicidad institucional, de la Ley de aguas que nos rige de 1942, de la acelerada contaminación tanto de aguas superficiales como subterráneas, y de la falta de protección de nuestros acuíferos, se discutió durante más de cuatro años en la anterior Asamblea Legislativa una nueva ley de recurso hídrico bajo el expediente 14.585. Aunque cueste reconocerlo, desde hace más de un año su discusión se paralizó.

Malsanas prácticas y política. Y es que la realidad costarricense en relación con este recurso nos muestra una situación preocupante. Con la complicidad de algunas instituciones, hemos convertido los ríos del Valle Central en cloacas y basureros al aire libre, especialmente el río Tárcoles, considerado el más contaminado de todo Centroamérica, cuyas aguas pestilentes aceleran la extinción de la vida marina en el golfo de Nicoya y atentan contra la sostenibilidad de las poblaciones costeras. ¿Será esta situación producto de que muchos no quieren pagar el canon por vertidos? A estas malsanas prácticas debemos unir ahora la falta de voluntad política para parar el relajo que se está cometiendo con el agua de todos los costarricenses, la cual es de dominio público como establece la Constitución Política. Este líquido no solo es el más importante para nuestra vida, sino que se ha convertido en los últimos años en tema cotidiano, llenando las páginas de los periódicos y minutos-pantalla en la televisión. Las investigaciones científicas son abundantes, con excelentes resultados. Del regazo del agua han nacido decenas de instituciones, proyectos y grupos que realizan infinidad de eventos, talleres y conferencias, sin olvidar los expertos que al abrigo de consultorías vienen a enseñarnos lo que todos ya conocemos. De hecho, todas estas actividades llegan a la misma conclusión: el agua en Costa Rica es barata, la superficial está contaminada con diferentes componentes y la subterránea, sobre todo la del Valle Central, la que nace en Heredia, sufre por la sobreexplotación y empieza a contaminarse. Una repasada a los informes del Estado de la Nación confirma mis palabras. ¡Y las soluciones!

Ni voluntad ni interés. Las decisiones brillan por su ausencia, en especial las que permitan una gestión adecuada para el recurso más importante que le heredaremos a nuestros descendientes. Hoy, no existe voluntad política ni interés para tomarlas, ¡primarán más los intereses de unos pocos sobre los intereses de la colectividad! La nueva administración tenía el texto de la nueva ley muy discutido y a punto de llegarse a un consenso.

Pero no fue suficiente, las nuevas autoridades prefirieron que fuera analizado por una nueva comisión, con el apoyo de consultorías externas; sin duda, el texto iba a ser cambiado. Si por la víspera se saca el día, las presiones que ha tenido el proyecto han sido las suficientes para que ni siquiera fuera convocado a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.

Mientras esto sucede, la mayoría de las instituciones que tienen interés en el agua están pensando solo en su uso, sin pensar en su protección. Solo una pequeña parte de la población del Valle Central, a saber más de 50.000 usuarios heredianos de los cantones de Heredia, San Rafael y San Isidro están aportando una ínfima suma (¢3,8 colones/m³ consumido, conocido como tarifa hídrica), para que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia haya logrado, mediante el pago por servicios ambientales, la protección de más de 800 hectáreas de bosque en las zonas de recarga de los acuíferos más importantes que abastecen de agua a miles de personas.

¡Cuánta conciencia ambiental se necesita en nuestras instituciones y en nuestra población!

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