A favor del aborto ante la asamblea en México
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MEXICO (AFP) -
Con sólo desearlo y sin temor a ser castigadas, en la superpoblada Ciudad de México las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta las 12 primeras semanas de gestación, una iniciativa de casi segura aprobación en el Parlamento capitalino dominado por la izquierda, tras darse un paso decisivo la noche del jueves.
Tres comisiones del Parlamento capitalino aprobaron la noche del jueves, luego de cinco meses de discusiones y un debate final de siete horas, modificar el Código Penal Federal para que el aborto deje de ser un delito si se efectúa en las primeras 12 semanas.
El dictamen, que convertiría a la Ciudad de México en una de las más vanguardistas de América Latina, fue avalado por 14 votos a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), del Revolucionario Institucional (ex hegemónico), Alternativa y Nueva Alianza.
Los cuatros parlamentarios del conservador Acción Nacional (PAN), en el poder a nivel federal, y uno del Verde votaron en contra.
De ser aprobado el próximo martes en el pleno, el Código Penal fijará que "el aborto es la interrupción del embarazo después de la décimosegunda semana de gestación, antes se podrá practicar simplemente con el deseo expresado de las mujeres", explicó el coordinador del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge Schiaffino.
Violación, malformación del producto, inseminación no deseada o por poner en riesgo la vida de la mujer son las otras causales por las que se autoriza el aborto en la Ciudad de México, de nueve millones de habitantes.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 2005, aproximadamente un millón de abortos se efectúan en el país cada año y, según Alternativa, "la práctica clandestina" de esas operaciones ha causado en México la muerte de 1.500 mujeres durante los últimos 10 años".
Amenazas de muerte y de bombas en el recinto legislativo acompañaron en las últimas semanas el airado debate sobre la despenalización del aborto y la influyente Iglesia católica de México, donde 92% de la población profesa el culto, participó con una férrea campaña en contra de la despenalización.
Algunos legisladores responsabilizaron incluso a los jerarcas católicos en caso de que se cumplieran las amenazas.
"Repruebo las amenazas de muerte y agresiones a legisladores y a cualquier persona por este tema, pero también repruebo tajantemente el decreto de muerte que se intenta implementar en el Distrito Federal", dijo el jueves el obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (sur), Felipe Arizmendi.
El sacerdote había calificado incluso de "hitlerianos" a los legisladores que impulsan el dictamen.
Pero el jueves elevó la crítica al señalar que "los judíos podían de alguna manera escaparse de los nazis, pero un bebé en el seno materno no puede hacer nada contra un médico con unas tijeras".
"El acceso a una interrupción (del embarazo) segura es un asunto democrático", replicaron en un desplegado publicado en la prensa nacional este viernes afamados escritores como Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y el reconocido sociólogo Roger Batra, entre muchos otros.
En contraparte, Guillermo Bustamante, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, anunció que el domingo se efectuará una peregrinación desde el céntrico Monumento a la Madre hasta la catedral capitalina.
"El objetivo será pedir por la defensa de la vida desde el momento de la gestación y hasta la muerte natural y por nuestros gobernantes y nuestros legisladores para que realmente busquen el bien común", dijo Bustamante.
Pero al parecer ni plegarias, críticas o amenazas harán que el jefe del gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, (izquierda) decrete un veto a la iniciativa.
"A mí no me van a intimidar", reviró Ebrard, quien desplegó a policías antimotines en torno a la sede legislativa capitalina desde el jueves.
El dictamen además reduce las penas a las mujeres que decidan hacerse un aborto después de las 12 semanas de gestación y fortalece las atribuciones del gobierno local en materia de educación sexual y prevención de embarazos no deseados, según fuentes legislativas.
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