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Criminalidad y Constitución Los principios constitucionales y los derechos humanos están primeroCecilia Sánchez Romero cesanchez@Poder-Judicial.go.cr Sin duda, la violencia y los hechos lamentables de criminalidad que han estado ocurriendo en el país necesitan particular atención, pero, por favor, que no nos deslumbre el fácil e inoperante discurso del llamado a una mayor represión. Esta confianza excesiva en las posibilidades del derecho penal como instrumento de conducción social olvida los constantes fracasos que ha tenido en las tareas que usualmente se le han confiado a este saber. Los principios constitucionales y el respeto de los derechos humanos deben ser el norte que guíe cualquier decisión en esa materia. Es necesario reafirmar los fundamentos del Estado de derecho, debilitados con las legislaciones de emergencia, cuyos fines simbólicos se pueden capitalizar políticamente. La antinomia entre seguridad y libertad es uno de los retos que el Estado debe afrontar, pero no a cualquier costo, debe hacerlo con la mínima intervención. Esta idea de ponderación de los costes y beneficios sociales sobre cualquier forma de injerencia en las libertades de los ciudadanos es una idea iluminista de legitimación del Estado, basada en el contrato social, pues ya desde la Revolución Francesa se ha proclamado que “la ley no debe establecer penas más que las estrictas y manifiestamente necesarias”. Libertad y seguridad. Las restricciones de los derechos fundamentales se presentan como excepcionales. El fin último de cualquier coerción estatal se debe justificar no solo por su capacidad para prevenir delitos, sino, también, por su idoneidad para aumentar los espacios de libertad y seguridad de los ciudadanos. La tendencia a la criminalización de las conductas, así como los aumentos desmedidos de penas o restricciones de garantías procesales no han tenido un papel importante en disminuir la criminalidad. No se trata de ignorar que existe un problema que alarma a la ciudadanía, al cual hay que buscar alguna respuesta, pero, en ese sentido, resultan preocupantes los llamados a la afectación de garantías constitucionales (otorgar mayores poderes en la investigación a la policía, ampliación de la detención preventiva, bases de datos de acusados y condenados, con franca lesión al derecho a la intimidad y privacidad de las personas y dudoso efecto disuasivo). Esta tendencia representa un cajón de sastre de peligrosos visos autoritarios. El abordaje del problema debe ser integral, por medio de amplios mecanismos de discusión para orientar la toma de decisiones adecuadas de política criminal, sobre la base de los aportes que también pueden brindar otras ciencias sociales, como la Victimología, que suministra importantes explicaciones sobre la interacción delincuente-víctima, a fin de analizar su papel en los distintos momentos del suceso criminal, y facilitar la estrategia de una política de prevención, mediante mecanismos que permitan evitar de alguna forma la perpetración de ilícitos. Garantías y derechos. No se puede resolver la criminalidad negociando la reducción de garantías y derechos, exhibiendo datos estadísticos cuya interpretación no se reduce a una fría e inútil cifra de condenas no dictadas. El proceso penal dispone de mecanismos de solución alterna que permiten no llegar hasta la sentencia y resolver conflictos en gran medida, sin necesidad de aplicar las dramáticas consecuencias del encarcelamiento, que ya de por sí ha demostrado su inutilidad. La búsqueda de mecanismos que garanticen de una manera más efectiva la solución de los conflictos, no es el resultado de invenciones abolicionistas (tan estigmatizadas por algunos sectores), sino el de la cruda realidad del sistema penal, que hoy muy pocos se atreverían a defender como eficiente. La reflexión y la serenidad se imponen. ¿Será el derecho penal un instrumento idóneo para alcanzar la sociedad más justa, equitativa y humana que todos anhelamos? Satanizar el discurso garantista y de libertades públicas como abolicionista o minimalista, es mal síntoma.
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