Presidente argentino Néstor Kirchner (D) y jefe de Gabinete, Aníbal Fernández
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BUENOS AIRES (AFP) -
La oposición socialcristiana y de derecha en Argentina se unía el miércoles en el Congreso para pedir el juicio político al ministro del Interior por presiones a la Justicia en la investigación de un supuesto soborno de una empresa sueca vencedora de una licitación para ampliar un gasoducto.
Los líderes opositores se preparaban para solicitar la destitución por juicio político del ministro Aníbal Fernández, quien denunció días atrás ante el Consejo de la Magistratura a uno de los jueces que investiga supuestos sobornos de la empresa Skanka a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.
El Consejo de la Magistratura tiene poder para juzgar y destituir a los jueces y la mayoría de sus integrantes son aliados del Gobierno.
"Este es el intento por avasallar al Poder Judicial más escandaloso de los últimos años. Peor que el menemismo", dijo la líder del partido socialcristiano ARI, Elisa Carrió, evocando escandalosas intromisiones del poder Ejecutivo en la Justicia durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999).
Carrió, candidata a presidente por una coalición cíviva opositora a Kirchner, advirtió que la denuncia de Fernández es "un mensaje a los demás jueces que pueden llevar casos de corrupción" que salpiquen a funcionarios gubernamentales.
El diputado Esteban Bullrich, de la agrupación derechista PRO que lidera el empresario Mauricio Macri, anticipó que pedirá también el juicio político del ministro.
La posición oficial sobre este caso sostiene que la ampliación del gasoducto fue una iniciativa privada del licenciatario y que no hubo intervención del Estado en el financiamiento de la obra.
Fernández denunció al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart luego de que el magistrado dispuso el traslado a una dependencia de la Policía Federal de un preso del caso Skanka que dijo temer por su vida.
La policía Federal depende del ministerio de Interior y para el traslado el juez declaró inconstitucional una norma del ministro que lo impedía.
La investigación sobre corrupción se ha convertido en la de mayor alcance durante el gobierno de Kirchner, que está en su último año de mandato.
La justicia ya ha comprobado una evasión fiscal por parte de Skanska y ahora López Biscayart investiga supuestos sobornos a funcionarios de sumas millonarias desviadas a través del mismo mecanismo.
Skanska ganó en 2005 un concurso para ampliar el Gasoducto del Norte, en la provincia de Córdoba (centro).
Versiones de prensa en Argentina señalan que se habrían pagado hasta 17 millones de pesos (5,4 millones de dólares) en sobornos, pero sólo hay indicios sobre esta cifra.
La causa de supuestos sobornos puede involucrar a funcionarios del ministerio de Planificación, que conduce Julio de Vido, hombre fuerte del gobierno de Kirchner pero muy criticado en sectores empresarios por los congelamientos impuestos a tarifas de servicios públicos.
La Cámara de Casación Penal (el más alto tribunal penal) deberá decidir en los próximos días la suerte de uno de los detenidos en la causa por supuestos sobornos.
Se trata de los mismos jueces que fueron fuertemente cuestionados por Kirchner por demorar resoluciones en causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-83), y que también están bajo la lupa del Consejo de la Magistratura.
Carrió envió esta semana una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la que exige al máximo tribunal ponerse al frente de la defensa de la independencia del Poder Judicial.
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