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Policía obligada a proteger a víctimas de violencia doméstica También deben crear plan de escape de la afectada en caso de emergencia20 mujeres con amenaza de muerte viven junto con hijos en tres albergues Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com La Fuerza Pública tiene la obligación de brindar seguridad a las mujeres en alto riesgo de muerte por denunciar a su pareja por actos de violencia doméstica. La disposición está en un nuevo protocolo interinstitucional, según el cual la Policía deberá realizar rondas periódicas por el domicilio de la afectada. El documento, además, le confiere la responsabilidad de elaborar junto con la denunciante un plan sobre qué hacer en caso de ser sorprendida por el agresor en su casa, o en cualquier lugar. El protocolo lo emitió la primera semana de abril una comisión integrada por el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial (Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y jueces), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Justicia. En la comisión las entidades se comprometieron a cumplir con las disposiciones, excepto los jueces, a quienes, por su independencia, las directrices les quedan solo como recomendación. La representante de Seguridad Pública en la comisión, la viceministra Ana Eugenia Durán, dijo que la Policía está en capacidad de atender esas exigencias, sin descuidar las normales. Jeannette Arias Meza, quien es secretaria de Género del Poder Judicial, explicó que el protocolo complementa la Ley contra la violencia doméstica , emitida en 1996, y no roza con lo dispuesto en la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres , aprobada el jueves pasado. Albergue. Según el nuevo protocolo, en caso que demuestren peligro de muerte, las víctimas podrán solicitar ser llevadas a un albergue cuando no se otorgue prisión preventiva al agresor. El lugar donde se les llevará se mantendrá en la mayor confidencialidad para evitar que el agresor sepa donde se encuentra. Inés Delgado, del Inamu, explicó que desde 1994 a la fecha han mantenido los centros de atención, donde un promedio de 1.000 mujeres reciben ayuda anualmente. En la actualidad, dijo Delgado, en los tres albergues de que disponen tienen a 20 mujeres y 37 niños. Alto riesgo. Jeannette Arias manifestó que serán los policías, fiscales, jueces y funcionarios quienes definan con una serie de indicadores cuándo se está frente a un caso de alto riesgo de muerte. Advirtió que entre esos parámetros están el hecho de que el agresor hubiese intentado ahorcar a la mujer, la atacara con arma blanca o de fuego, la golpeara con la mano, la envenenara, la tirara por una escalera o le lanzara un carro encima. También se deben tomar en cuenta las amenazas de muerte a la víctima o de suicidio, y cuando el agresor desobedece las medidas cautelares, como es no aproximarse al domicilio. Sobre este último punto, cifras del Poder Judicial revelan que en el 2005, un total de 47.396 mujeres pidieron medidas de protección. De ellas, en 4.815 casos el agresor desobedeció esas medidas. Incumplir esas medidas de protección es sancionado en la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres con cárcel de seis meses a dos años. Ahora, la desobediencia es una contravención y el castigo es de 15 días a un año de prisión. Finalmente, el protocolo exige a todas las partes informar a la víctima cuando al agresor no se le impuso prisión preventiva, si cumplió ya con esa medida cautelar y si se halla en libertad.
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