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Morales en batalla por nacionalización petrolera Hace un año se anunció la estatización y aún no se concretaSesión conjunta de las dos cámaras del Congreso permitiría impulsar el proyecto La Paz. Reuters. Casi un año después de decretar la nacionalización petrolera, el presidente boliviano, Evo Morales, tiene pendiente aún una batalla legislativa final para aplicar nuevos contratos con transnacionales. El voto definitivo sobre 44 contratos suscritos entre la petrolera estatal YPFB y compañías como Petrobras, Repsol-YPF, Total y British Gas será “lo más pronto posible”, tal vez esta semana en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, anunció el sábado el vicepresidente, Álvaro García. García, también presidente del Congreso, debe convocar a la sesión bicameral, última instancia de un debate contaminado por disputas sobre cuestiones políticas, como un ya planteado juicio contra el expresidente y opositor Jorge Quiroga. “La oposición de la derecha tradicional no impide que el presidente se sienta más fortalecido que nunca, porque no es posible frenar más la nacionalización”, dijo a Reuters el portavoz oficial, Alex Contreras, antes de viajar con Morales a Venezuela en la madrugada de ayer, domingo. La confianza presidencial “se asienta en que por encima de los intereses secundarios de la oposición, hay un respaldo mayoritario a la nacionalización del 1 de mayo, el gobierno ha admitido errores de forma pero ningún delito”, agregó. Contratos. Los contratos, por los cuales las transnacionales pasarán a operar como inversionistas al servicio de YPFB en negocios centrados en ventas de gas a Brasil y Argentina, ya fueron aprobados por el Congreso en noviembre pero resultaron bloqueados por errores de transcripción legal. La oposición realizaba una insólita huelga legislativa cuando se produjo la aprobación inicial de los contratos y aprovechó el trámite de una ley complementaria de enmienda de los errores para reabrir el debate sobre la nacionalización. Esto devino en lo que el analista político Carlos Cordero llamó “entuerto legal”, con una oficialista Cámara de Diputados aprobando simplemente la ley de enmiendas y el opositor Senado replicando con 44 nuevas leyes de autorización de contratos. Oficialismo y oposición se acusaron de frenar la nacionalización mientras se preparaban para la sesión bicameral.
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