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Junta denuncia falsificacionesen pensiones de educadores Cambios habrían permitido jubilarse antes o con más beneficiosSociedad ubicada en bufete tramitó pensión de docentes a cambio de pagos Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) encontró requisitos aparentemente falsificados en unas 60 solicitudes de pensión de educadores. Algunas de esas peticiones ya habían sido aprobadas y otras permanecían en trámite. Las falsificaciones habrían intentado suplantar constancias de trabajo del Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda y la Universidad de Costa Rica. Esos documentos son indispensables para calcular los años de trabajo de un docente. Según documentos de la Jupema, las falsificaciones habrían permitido a educadores jubilarse antes de tiempo o con los beneficios de un mejor régimen. Investigaciones preliminares de la Junta indican que la mayoría de estos casos fueron tramitados por un mismo bufete, llamado Cajina y Asociados. Esa oficina dejó de existir poco después de que la Jupema detectara las anomalías en setiembre del año pasado. Muchas de las alteraciones habrían atribuido a los solicitantes años adicionales de trabajo. Ese cambio les permitiría, por ejemplo, pasar de un régimen que otorga como pensión el promedio de los últimos 12 salarios (Ley 7268) a uno que otorga el 100% del mejor salario de los últimos cinco años (Ley 2248). Para jubilarse mediante ese último sistema es necesario haber cumplido 20 años de trabajo al 19 de mayo de 1993. La Jupema ya pasó 44 casos a la Fiscalía de la República y está a punto de pasar otros 15, informó la directiva Hilda González. Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró varios expedientes. En tanto, la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo inició la anulación de un primer grupo de cinco pensiones que estaban aprobadas, dijo Francis Zúñiga, director de Pensiones. Cobros de sociedad. Dentro del bufete Cajina y Asociados, ubicado en San José, operaba una firma llamada Sociedad Anónima Administradora de Proyectos Educativos (SAPED) dedicada a tramitar pensiones de educadores. A esa empresa los docentes pagaban por sus servicios. La Jupema tiene un recibo por ¢140.000. La sociedad era controlada por el profesor pensionado Mario Cajina Montes, quien era dueño del bufete fundado por un familiar suyo. Consultado por este medio, Cajina aseguró que no se explica sobre cómo aparecieron presuntas falsificaciones en los expedientes, pues nunca incluyó un dato falso. Además, dijo que ningún educador solicitó alterar datos para poder pensionarse de mejor forma. Una docente de San Ramón relató que acudió al bufete por recomendación de una compañera, pagó ¢400.000 y solo lo visitó una vez. A ella se le aprobó una pensión de ¢572.000 pero ahora la Jupema dice que no tenía los años suficiente para acceder a ese beneficio. Cajina añadió que recibió llamadas anónimas, antes de que las falsificaciones aparecieran, según las cuales había sectores inconformes con su servicio por lo que sufriría consecuencias. Cuestión casera. Jupema asegura que ninguno de los educadores involucrados acudió en persona a pedir la pensión. Las indagaciones internas determinaron que muchos expedientes hechos en SAPED fueron introducidos a la Junta por Diego Salazar Castro, exasesor de junta directiva de la institución que renunció después de Semana Santa. Salazar aseguró que nunca tuvo una relación comercial con el bufete ni recibió dinero de éste, aunque la Jupema encontró un registro de llamadas telefónicas hechas entre ellos mediante el celular asignado al exfuncionario. Consultados por aparte, Cajina dijo que habló con Salazar porque el exasesor gusta del negocio de los vehículos y el encargado de SAPED también es importador de autos. En tanto, Salazar dijo que solo habló con Cajina porque él promovía las reformas legislativas del régimen de pensiones y conversaron sobre el avance del proyecto.
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