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EDITORIALLa hora de la verdad No hay excusas: el referendo, como expresión de la institucionalidad democrática, es una realidad.Ante el entrabamiento legislativo, el Poder Ejecutivo se vio obligado a actuar El Tribunal Supremo de Elecciones(TSE) resolvió, anteayer, la realización de un referendo sobre el TLC, a petición del exdiputado José Miguel Corrales, acorde con la ley creadora de este instituto, del 28 de mayo del 2002, y su respectiva reglamentación legislativa, del 9 de marzo del 2006. Así, por primera vez en nuestra historia política, el procedimiento de la iniciativa popular impulsa un referendo para “aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales de la Constitución Política”. El presidente de la República, Óscar Arias, anunció ayer mismo el envío de un decreto ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el próximo martes, para que, de aprobarse, se convoque al referendo. Gracias a esta decisión mancomunada, la votación sobre el TLC puede tener lugar dentro de unos cuatro meses. Este marco jurídico, propio del Estado de derecho, resalta la ratio juris del referendo como complemento de la democracia representativa, no como sucedáneo o sustituto, así como refuerzo o remedio de la gobernabilidad democrática, no como su suplantación, por medio de la participación ciudadana. Esto debe quedar claro por cuanto ya comenzaron a escucharse voces contra este referendo, aduciendo insuficiencia legal o roces constitucionales del TLC, todo con el fin de entorpecer el procedimiento establecido. Desde la perspectiva del referendo como complemento de la democracia representativa, ha procedido en consecuencia el TSE, al desechar la solicitud de suspensión del trámite legislativo del TLC, suscrito el 28 de mayo del 2004, remitido a la Asamblea Legislativa el 21 de octubre del 2005 y, una vez dictaminado favorablemente, ingresado en el plenario el 15 de enero del 2007. Esta morosidad, que ha dejado rezagado y solitario a nuestro país, pone en evidencia un hecho preocupante en el funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática. Nos referimos a la vigencia del reglamento legislativo, que la asfixia y desnaturaliza su carácter institucional, así como a la consulta preceptiva de cualquier proyecto de ley a la Sala Constitucional con la firma de solo 10 diputados. Estas dos causas citadas en el marco legislativo –mezcla de abdicación, de ingobernabilidad e inmovilismo– secuestraron, entre otros proyectos, al TLC. En estas circunstancias, la negociación política se expone, por lo tanto, a todo tipo de desviaciones y a buscar la votación final por cualquier medio. El referendo puede contribuir, por consiguiente, a destrabar este bloqueo, pero también, de no ser vinculante, a prolongar la agonía de la institucionalidad y de la democracia representativa. El referendo, como expresión de la institucionalidad democrática, contribuye a la resolución institucional y pacífica de una situación excepcional, y, por ello mismo, representa un mentís –y una lección cívica– frente a los irresponsables cuestionamientos democráticos y de legitimidad política en estos años. Pasado este trance, para bien de la democracia, es preciso realizar un esfuerzo singular para modificar el reglamento legislativo y racionalizar los alcances de la consulta preceptiva a la Asamblea Legislativa. Ambos instrumentos legales, tal como están, representan un aliciente para entorpecer la marcha del Estado. La iniciativa del exdiputado Corrales y la reacción conceptuosa y categórica del presidente de la República, ayer, secundada por la mayoría de los jefes de fracción y diputados, en apoyo del referendo, como expresión de nuestra sólida tradición democrática, ha puesto el tren en sus rieles. No solo es esta una vía egregia y eficaz para definir una situación política comatosa, más allá del TLC, sino, más aún, una oportunidad histórica para que el pueblo decida libremente el rumbo de nuestro país: la estrategia del inmovilismo, del temor y del retroceso, al arbitrio de grupos y personajes sectarios, o bien, la estrategia de la apertura y la confianza, del cambio y la innovación, de la gobernabilidad y del Estado de derecho, para resolver nuestros viejos problemas estructurales y dar el salto hacia lo que Costa Rica, por historia y dignidad, merece.
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