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Pesquisa de Fiscalía provoca dimisión de alto jefe policial Ministro Fernando Berrocal pidió en marzo nombrarlo como su asesorFuncionaria advirtió que no cumplía requisitos; ella fue despedida Otto Vargas M.y Rónald Moya ovargas@nacion.com El director de la Fuerza Pública, Osvaldo Alpízar Núñez, renunció ayer a su cargo ante una petición del ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal. Alpízar gozaba desde el 17 de octubre del 2006 de un permiso sin percibir salario mientras aguardaba a que la Fiscalía de Alajuela resolviera la denuncia que en su contra presentó un expolicía por supuestas amenazas de muerte y llamadas mortificantes. “La situación se volvió insostenible porque la Fiscalía seis meses después no ha resuelto. Por eso decidí que era mejor que el funcionario se alejara”, puntualizó Berrocal En los últimos meses, el exjefe policial laboró como asesor ad honórem del ministro. Pese a que la investigación de la Fiscalía aún no concluye, el 5 de marzo Berrocal ordenó el nombramiento de Alpízar como su asesor. El salario se pagaría con los fondos destinados a la plaza de director de la Fuerza Pública. A este nombramiento se opuso –el 15 de marzo– la directora de recursos humanos de ese ministerio, Wendy Rivera Román, al advertir que Alpízar no cumplía con los requisitos. Cuatro días más tarde, el ministro la despidió en una nota que no explica los motivos. Berrocal dijo, ante una consulta de La Nación –el 31 de marzo–, que la medida obedeció a la necesidad de ordenar nombramientos policiales en todo el territorio. Requisitos. La funcionaria Rivera enumeró en una carta los requisitos que le faltaban a Alpízar. “El puesto requiere el grado de comisario; sin embargo no consta ningún grado policial”, puntualizó Rivera. Esta destacó que el hoy exfuncionario tiene conocimientos básicos en administración y criminología, no así en derechos humanos, Derecho Penal y legislación policial, como lo exige ese puesto. Tampoco cumplía con el requisito de haber laborado durante 15 años para la Fuerza Pública ni constaba en el expediente la investigación confidencial (socioeconómica, laboral, judicial, crediticia y de conductas) o la prueba de aptitud física. Luego de arribar a esas conclusiones, Rivera se negó a efectuar el nombramiento. Advirtió que si el ministro persistía en la designación, ella se apartaría del proceso. Respuesta. El 21 de marzo, el oficial mayor de Seguridad Pública, Luis Román, respondió a Rivera. “Me sorprende de sobremanera la aclaración que usted me hace, ya que la administración del Lic. Fernando Berrocal ha sido absolutamente transparente (...) como para incurrir en un nombramiento ilegal. El hecho de que el señor ministro resuelva que también se desempeñe como su asesor es una prerrogativa que tiene como jerarca de la institución, la cual escapa de cualquier cuestionamiento”, le dijo. Dos días antes de que el oficial mayor respondiera, el ministro ya había ordenado (el 19 de marzo) el despido de la funcionaria. Ella se mantuvo en ese cargo hasta el 1.° de abril cuando el puesto pasó a manos de Edwin Castillo. Rivera fue enviada a su antiguo puesto en la Sociedad de Socorro Mutuo del Ministerio de Seguridad Pública. Aunque La Nación le solicitó una entrevista, la funcionaria dijo que no se referiría al caso. Osvaldo Alpízar, por su parte, expresó sentirse seguro de que saldrá airoso en el proceso legal seguido en su contra. “El caso ha seguido su curso. Estamos a la espera de que se resuelva y creemos que eso será pronto”, comentó.
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