Presidente de Colombia Alvaro Uribe
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
Un grupo de 12 diputados del departamento colombiano de Valle del Cauca, cumple este miércoles cinco años en poder de la guerrilla de las FARC, sin que se vislumbre una negociación para un canje de ellos y otros rehenes por 500 rebeldes presos.
El aniversario fue recordado con concentraciones en Bogotá y Cali, la segunda ciudad colombiana y donde ocurrió en secuestro en 2002, casi dos meses después que se rompieran los diálogos del entonces presidente Andrés Pastrana y las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante los actos los familiares de los diputados pidieron al gobierno y la guerrilla que flexibilicen sus "indolentes" posiciones, que han impedido iniciar la negociación del "canje humanitario" (propuesto por las FARC), y rechazaron la posibilidad de un rescate militar de sus familiares.
Con las bocas cubiertas y exhibiendo grandes fotografías de sus seres queridos, además pidieron a las FARC pruebas de supervivencia de sus familiares plagiados.
El presidente Alvaro Uribe reveló el martes que Francia, España y Suiza, los tres países europeos que median para buscar la realización de ese canje, están realizando nuevas gestiones.
"Yo me reuní hace poco con representantes de los países amigos. Ellos pidieron nuevas autorizaciones para unas gestiones, pero no nos han traído propuesta alguna", puntualizó Uribe en esas declaraciones.
El mandatario aseguró además que el gobierno dió a los tres países europeos "todas las facilidades" para las nuevas gestiones, sobre cuyo carácter no hizo precisiones.
Francia, Suiza y España propusieron en 2005 negociar el canje en una zona que sería desmilitarizada en el suroeste de Colombia, bajo veeduría internacional, pero esa iniciativa -aceptada de inmediato por el gobierno- no recibió respuesta de la guerrilla.
Aunque tanto las FARC como el gobierno se declaran dispuestos al canje, las condiciones que cada una de las partes coloca han impedido iniciar las negociaciones.
Las FARC, la principal guerrilla colombiana con unos 17.000 combatientes, han condicionado cualquier negociación para la liberación de los 57 rehenes en su poder a que Uribe ordene la previa desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, en el suroeste departamento del Valle.
Según el gobierno, el departamento del Valle, y especialmente su capital Cali (500 km al suroeste de Bogotá) -donde en la madrugada del lunes explotó un coche bomba con saldo de un muerto y más de una treintena de heridos- se ha convertido en una zona estratégica para las FARC.
Además de los diputados, el grupo de rehenes de las FARC está conformado por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt -quien también tiene nacionalidad francesa-, tres estadounidenses, así como decenas de militares y policías colombianos, algunos de ellos cautivos desde hace nueve años.
El 18 de marzo el vocero de las FARC, Raúl Reyes, reiteró la exigencia de que "sin el despeje de Pradera y Florida, el Secretariado (de las FARC, mando central) no autoriza entrevistas con funcionario alguno del gobierno ni con personas autorizadas por éste".
El mandatario colombiano rechazó esa exigencia por considerarla excesiva, y también rechaza que en caso de llegarse a un acuerdo, los guerrilleros canjeados por los rehenes regresen a las filas del grupo insurgente.
Entre los 500 rebeldes cuya libertad exigen las FARC se cuentan dos extraditados a Estados Unidos que están siendo juzgados en ese país.
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