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Impostergable desafío

El país requiere una acción colectiva pertinente y sostenida en el tiempo

Milena Grillo
Directora Ejecutiva Fundación Paniamor. MSC en Estudios de la Violencia Familiar y Social. m ilena@paniamor.or.cr

En momentos en que el país se conmueve nuevamente ante la marea de hechos violentos que se abate sobre nuestras carreteras, escuelas y hogares, siento la obligación profesional y personal de promover un debate público informado sobre el alcance y características de la participación adolescente tanto en la violencia social como en la criminalidad de Costa Rica. Todo con la esperanza de que el pensamiento que se genere desde estas páginas aporte premisas y orientaciones relevantes tanto para la acción política que se promete como para el compromiso social que se requiere, para avanzar hacia su prevención y desactivación.

kSobre la participación adolescente en aquella violencia que configura delito, emplazo sin ningún reparo a Elías Carranza y a Carlos Tiffer, entre otros, para que nos ilustren en cuanto a su situación actual. De mi parte dejo dos supuestos para su contrastación: que su actividad delictiva se da principalmente contra la propiedad y que su representación, tanto como sujeto activo como pasivo de la contravención o del delito, aumenta claramente con la edad, lo que una vez más releva a la etapa adolescente como momento vital privilegiado para su prevención.

kMás que policías y psicólogos. En lo que refiere a adolescencia y violencia social, sí me atrevo a abrir el intercambio propuesto postulando, con base en aproximaciones de diversos estudiosos en la materia y la experiencia de campo propia de Paniamor, que en el país se está incrementando y se perfila marcadamente urbana y masculina; que AÚN NO se identifica una tendencia a la criminalización de los espacios de organización/aglutinamiento juvenil (barras y pandillas); que el acceso al alcohol, las drogas y las armas acompaña el paso de la trasgresión de normas sociales a la infracción penal; y que, si bien los factores asociados son múltiples, la exclusión social y la de privación relacional (no la pobreza) emergen claramente como constantes.

kJaime Funes, en su conocida obra La nueva delincuencia infantil y juvenil , resume bien lo que intento plantear como punto de partida (que no de llegada) para este diálogo, cuando afirma: “La problemática de nuestras miserias sociales es sumamente amplia, y como tal hay que considerarla, no sea que a alguien se le ocurra pensar que con un ejército de colegas psicólogos que arreglen a las personas se soluciona todo. O, lo que es peor, que con más policía y códigos más duros se arregla mejor”. Comparto la hipótesis que infiero subyace de esta aseveración: la solución de una problemática social compleja como la que nos ocupa no está en socializar lo penalizable ni en penalizar lo social. Se requiere una acción nacional pertinente y sostenida en el tiempo, que permita tanto desactivar las condiciones precipitantes como activar los factores protectores identificados en cada caso.

k Tres líneas de acción. Algunas líneas de acción extraídas de viejos y nuevos documentos producidos, entre otros, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, podrían servirnos de insumo para avanzar en este sentido. Las someto a juicio público en cuanto a relevancia y viabilidad para el desafío que enfrenta el país, aglutinadas en tres dimensiones, como sigue:

a) Acciones que reducen la desigualdad: cobertura universal de atención pre- y posnatal; acceso universal a una enseñanza secundaria significativa; incremento en la productividad e ingresos de las mujeres, especialmente aquellas de escasos recursos; acceso a empleo productivo para población joven de escasos recursos.

b) Acciones que desactivan factores precipitantes: sistemas de cuido y desarrollo infantil accesibles; programas locales orientados a fortalecer las relaciones intergeneracionales, con énfasis en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, en sus diversas expresiones; campañas orientadas a deslegitimar toda violencia como forma de relación social, así como a educar en alternativas incluida la formación en resolución no violenta de conflictos en centros educativos y espacios comunitarios; acceso a espacios seguros y programaciones culturales y deportivas para jóvenes; regulaciones que reduzcan el comercio y la tenencia legal de armas, así como el acceso a fármacos adictivos; limitaciones horarias y geográficas para el expendio de bebidas alcohólicas; planes urbanísticos con enfoque de seguridad comunitaria, incluido diseño arquitectónico y alumbrado.

c) Acciones de monitoreo y control formal: fortalecimiento de la Policía comunitaria y de sus vínculos con la comunidad; profesionalización y fortalecimiento de la Policía preventiva e investigativa; acceso oportuno y seguro a la justicia y eficacia en la aplicación de la ley, incluidos mecanismos formales para la protección tanto de víctimas como de testigos; política criminal específica para el enfrentamiento de la corrupción policial y judicial, y la persecución efectiva del crimen organizado nacional y transnacional, en particular en lo que refiere a explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad con estos fines; tráfico de drogas; y tráfico de armas.

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