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Muerte del empresario Armando González agonzalez@nacion.com Ajuzgar por la más reciente andanada de ataques contra el TLC, el empresariado mundial está en vías de extinción. El capítulo dedicado a la solución de controversias entre el Estado y los inversionistas extranjeros concede a estos últimos la opción de llevar sus disputas a los tribunales locales o al arbitraje internacional. Esa “discriminación”, dicen los críticos del TLC, pone a los nacionales en desventaja y prepara la definitiva aniquilación de sus negocios. En el mundo hay unos 2.500 tratados de protección de inversiones y gran cantidad de ellos contiene cláusulas de arbitraje similares. Así, los empresarios del planeta encaran peor suerte que los dinosaurios, cuya extinción, según la teoría, se debió al impacto de un solo asteroide. Por el contrario, los hombres de negocios enfrentan una tormenta de proyectiles letales. Por fortuna, la práctica no sustenta la teoría, al menos en el caso del TLC. Los empresarios mexicanos, como los de muchos países, coexisten desde hace 13 años con un régimen similar de arbitraje, pero nadie teme por la subsistencia de su especie. Hablando de dinosaurios, el Estado cubano, uno de los más grandes empresarios del hemisferio, tampoco está a punto de abandonar el mundo de los negocios, aunque muchos ansiemos que lo haga. Las cláusulas de arbitraje incorporadas por Cuba a sus tratados son, en este aspecto, idénticas a las del TLC. La sujeción al arbitraje aparece en el acuerdo firmado entre Cuba y Chile con el siguiente lenguaje: “…cada Parte Contratante da su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia pueda ser sometida a este arbitraje. Para estos efectos las partes renuncian a exigir el agotamiento de recursos judiciales internos”. Los tratados de Cuba con España, el Reino Unido, Alemania y México tienen la misma cláusula. En Venezuela, la amenaza de extinción del empresariado no viene del espacio exterior y tampoco de los tratados que llevan años de vigencia. Como en todo el mundo, los acuerdos de Venezuela con el Reino Unido, España, Canadá y otras naciones permiten al inversionista extranjero acudir a un arbitraje consen- tido previamente por el Estado. Ahora que Venezuela se transformó en República Bolivariana, a nadie se le ha ocurrido modificar esta práctica, como lo demuestra claramente el acuerdo firmado con Francia en el 2004 por el gobierno del presidente Hugo Chávez.
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