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Crecimiento económico y equidad Antonio Álvarez Desanti Los indicadores económicos que presentó el país al concluir el 2006 son bastante alentadores. El crecimiento de la economía fue más que aceptable, el reto actual es mantenerlo en esos niveles, o aún mayores, pero de manera sostenida. La inflación se encuentra en un dígito, y es el paso siguiente bajarla a los niveles propios de los países desarrollados. La inversión extranjera sigue creciendo, y aumentaron las reservas del Banco Central a niveles tan elevados que, por primera vez en muchos años, se ha dado una presión a la apreciación del colón frente al dólar, lo que ha obligado al Central a tener que intervenir en el mercado cambiario para mantener la banda inferior del tipo de cambio. Sin lugar a dudas, el 2006 fue un buen año, lo que refleja un buen cierre de la Administración Pacheco y un buen inicio de la Administración Arias. Esta perspectiva económica es propicia para que en el 2007 tengamos mucho más dinamismo, con un sector privado dinámico en inversiones y generando nuevas empresas y empleos. Para ello es importante que el Gobierno avance en los programas de desregulación y de gobierno digital para facilitar la generación de negocios e inversiones; que promueva la inversión pública en infraestructura con recursos propios y con la concesión de obra pública (si algún día la nueva ley llega ser aprobada y tener vigencia), que fomente la modernización y agilización de servicios aeroportuarios y portuarios, entre otras acciones urgentes de implementar. El verdadero reto. Pero quiero referirme a un tema mucho más profundo, que requiere la cuidadosa atención del Gobierno y es enfrentar la creciente desigualdad social que tenemos, con el fin de que el crecimiento económico beneficie al mayor número y se geste una mayor equidad en la sociedad. Sin duda, el paso de tener una economía en crecimiento es ya de por sí importante, pero hay que tener presente que el crecimiento por sí no redistribuye automáticamente la riqueza generada. La tarea de promover un mejor reparto de esa riqueza no es exclusiva de las fuerzas del mercado, máxime en la era de la globalización que propende a favor de la concentración. El grande se hace más grande. Por ello se requieren acciones fundamentales del Estado y políticas públicas que hagan justicia con un reparto más equitativo de la riqueza. Esto significa mejorar la educación, lanzar al INA dinámicamente a implementar programas de capacitación de la fuerza laboral que pueda precisamente mejorar los niveles de empleo y, por ende, los salarios (lo que además aumenta nuestra competitividad como país) elevar la cobertura de los programas de salud de buena calidad y eficiencia, así como los programas de vivienda, acueductos y alcantarillados. Inversión y control. Para lograrlo, se requiere una reforma importante en las finanzas públicas, que es el mejor instrumento para promover esa redistribución de la riqueza. Entre otros, se requiere aumentar la inversión y controlar el gasto público, pasar a los presupuestos por programas que el ministro de Hacienda conoce muy bien, porque desarrolló el tema con profundidad en su paso por la academia y, por supuesto, impulsar la reforma fiscal progresiva que genere justicia tributaria. Este tema, inexplicablemente, el gobierno lo ha pospuesto con una visión cortoplacista, que, si bien es muy cómoda, es una cara factura que deberán pagar las futuras generaciones. Una máxima dice que no existe el momento oportuno para hablar de reformas fiscales, pero lo que sí es indiscutible es que es más fácil hacerlo cuando las empresas generan dinero y los flujos de caja alegran a los empresarios, que en las épocas de recesión, con los números rojos y las caras largas. La Costa Rica que añoramos no se construye solo con crecimiento; requerimos que los beneficios lleguen al mayor número y que el Estado participe activamente en lograrlo.
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