Salvatore Mancuso, ex líder de las AUC
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
El gobierno colombiano autorizó a los jefes paramilitares desmovilizados a realizar actividades políticas pero desde la cárcel y sin influir en los comicios regionales de octubre, en momentos en que ocho congresistas han sido detenidos por nexos con esos grupos de ultraderecha.
El presidente Alvaro Uribe dijo que mientras no haya una sentencia judicial que se los impida los jefes paramilitares podrán realizar pronunciamientos políticos, pero no se les permitirá salir de la cárcel de Itagüí para hacerlo.
"Mientras no haya sentencia, ese ejercicio lo deben hacer pero desde Itagüí, esta es la instrucción que he dado", declaró Uribe este lunes a la radio La FM de la cadena privada RCN.
"Ellos para lanzarse a la política tienen que tener en cuenta dos cosas: primero, cumplir con el proceso. Y después, las limitaciones de la sentencia. Porque los condenados, así sea con sentencias cortas, por delitos distintos al homicidio culposo o delitos políticos poseen unas inhabilidades" para ser elegidos, precisó.
La declaración de Uribe se produjo después de conocerse una carta en que los jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le pidieron permitirles hacer política en las regiones que antes dominaron con las armas.
Unos 59 jefes de las AUC permanecen recluidos en Itagüí a la espera de ser juzgados, tras culminar hace un año la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios judiciales, entre ellos una condena a un máximo de ocho años por unos 9.000 crímenes que se les atribuyen.
El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, precisó la declaración de Uribe señalando que si bien se permitirá a los paramilitares hacer manifestaciones políticas, ello no significará que puedan realizar pactos electorales de cara a los comicios regionales de octubre.
"No se trata de que hagan política electoral desde la cárcel sino de que contribuyan políticamente a consolidar este proceso", señaló Restrepo. Por el momento "no es viable que salgan a foros y encuentros políticos", explicó.
Los partidos de oposición y organismos de derechos humanos cuestionaron la posibilidad de que los paramilitares puedan tener algún tipo de actuación política, incluso aunque sea sólo desde la cárcel.
"Hay que examinar todas las implicaciones que eso tiene, sobre todo tras las revelaciones sobre la forma como los paramilitares pactaron con políticos en algunas regiones", dijo el ex aspirante presidencial del partido Liberal, Rodrigo Rivera.
Las investigaciones sobre los nexos de paramilitares y políticos han llevado a la cárcel a ocho congresistas del oficialismo, mientras se investiga a otros 50 políticos por pactar con la ultraderecha en la época en que estos grupos combatían a las guerrillas de izquierda.
Rivera dijo que el gobierno debe declarar "una especie de cuarentena" e impedir a los paramilitares "participar en política por lo menos durante unos diez años".
El partido Liberal ha reclamado al gobierno garantías suficientes para evitar que los paramilitares intenten influir en los comicios de octubre, en que se elegirán unos 10.000 cargos entre gobernadores, alcaldes y miembros de cuerpos legislativos regionales y municipales.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que si algún jefe paramilitar intenta presionar a los electores perderá los beneficios jurídicos.
"Es descabellado pretender permitir a los paramilitares participar en política en las regiones en donde antes sembraron el terror", dijo por su parte Carlos López, portavoz de la organización no gubernamental Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz).
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