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Foto Principal: 1556493
Hasta diciembre de 1995, las bodas entre funcionarios de la Contraloría General de la República eran sancionadas con el despido.
Archivo

Una pareja dio la pelea en la Contraloría


Nicolás Aguilar R.
naguilar@nacion.com

Hasta el 11 de diciembre de 1995, trabajar en la Contraloría General de la República y pensar en un eventual matrimonio era altamente riesgoso.

Los empleados que lo hacían debían aceptar, sin posibilidad de reclamos, el inmediato despido de uno de los cónyuges.

No importaba la calidad del funcionario, tampoco si tenía cinco, 10 o 20 años de limpia trayectoria. Formar un hogar con un compañero o compañera de trabajo implicaba siempre una pérdida.

Esa situación, empero, cambió gracias a dos funcionarios que se armaron de valor y llevaron el caso ante la Sala Constitucional.

Se trata de Víctor Hugo Díaz Espinoza y Ligia María Rojas Jenkins, ambos licenciados en administración de negocios.

En su argumentación, recordaron a los Magistrados los derechos irrenunciables de los que gozaban, amparados en la Constitución Política.

Los unía un mismo ideal: casarse y formar una familia. Por eso, entre otras cosas, defendieron a capa y espada “el matrimonio como base esencial de la familia” y al final triunfaron.

En esa ocasión, la Procuraduría General de la República les dio la razón al concluir que despedir a uno de los cónyuges era “irrazonable y desproporcionada”.

“Se lesiona el principio democrático, por cuanto excluye necesariamente a una de las dos personas”, sostuvo esa entidad fiscalizadora al solicitársele su posición en este caso.

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