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Momento crucial Cánones en el proyecto de la Ley General de TelecomunicacionesRomán A. Fallas C. Abogado La apertura del sector de telecomunicaciones se encuentra en un momento crucial; impostergablemente el país debe tomar una decisión. Si los diputados toman la decisión en contra de la apertura y posicionan el monopolio de hecho de las empresas del Grupo ICE, los avances tecnológicos se harían cargo de esa tarea, lo que originaría un mercado sin la regulación indispensable para que nuestro país participe exitosamente en un mundo cada vez más competitivo. Si esa apertura llega a producirse al amparo de las leyes en discusión, se dota al país de un marco regulatorio que en la teoría sería suficiente, teniendo todas las partes involucradas la responsabilidad de procurar que resulte un instrumento eficaz que colabore con el desarrollo de Costa Rica. Sin embargo, hay algunos aspectos que deben corregirse en los proyectos de ley que actualmente analiza la Asamblea Legislativa. Interesa comentar en esta oportunidad el canon que se le impone a todos los operadores o prestadores de servicios de telecomunicaciones, menos a la radiodifusión, de entre un 3% y un 6% de sus ingresos brutos como contribución al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). Si lo que se pretende es propiciar la apertura en condiciones de igualdad, este canon constituye, por su exagerada estimación, una barrera de entrada que podría ser considerada contraria a los compromisos adquiridos en el TLC. Si esa apertura tiene como finalidad facilitar el acceso de la mayoría de la población a servicios de telecomunicaciones a mejores precios y si ese porcentaje es traslado al usuario, como se ha sugerido, hay una contradicción en el proyecto. Práctica común. La creación del Fondo de Servicio Universal (FSU) es una práctica común en los mercados en que existe apertura; en este sentido la propuesta que se discute se asemeja a las más modernas legislaciones. Lo que no es común –ni lógico o razonable– es quiénes serán los contribuyentes y el monto del canon. En cuanto al canon la propuesta es retrógrada y se aleja sustancialmente de la mayoría de las legislaciones en el mundo, sea de países más o menos desarrollados que Costa Rica. La propuesta que se discute presenta diferencias sustanciales con el resto de las regulaciones a nivel mundial, puesto que ese porcentaje asciende, en promedio, aproximadamente a un 1% de los ingresos brutos de los contribuyentes y, salvo el caso de la India (que llega a un 5%), en términos generales no sobrepasa el 2%. Algunos ejemplos: Sudáfrica 0,2%; Ghana, Uganda, Perú, Polonia, Argentina, Venezuela y Brasil 1%; Rusia 1,2%; República Dominicana, Nepal, Nicaragua y Burkina Fasso, 2%; Ecuador, 4%, pero sobre los ingresos netos; Colombia, 5%, pero únicamente contribuyen los operadores de larga distancia. Inclusive existen casos como el de Chile, en donde el fondo se nutre del presupuesto nacional ,y otros como Guatemala y El Salvador en los que se sustenta del costo de la licencias por el uso del espectro. En Australia el aporte representa el 1,4% de los ingresos de los operadores de larga distancia, mientras que en Europa, en términos generales, el FSU es subsidiado por el operador dominante. Contribución. El promedio de la contribución al FSU a nivel mundial, ha sido confirmado en las comisiones legislativas que analizan los proyectos de ley. La Cámara de Infocomunicación y Tecnología, la Comisión Asesora en Alta Tecnología, los presidentes ejecutivos del Banco Central y el ICE han sido coincidentes al respecto. El señor Francisco Gutiérrez indicó que durante la administración anterior se planteó a consultores del Banco Mundial que la experiencia internacional indicaba que entre un 1% y un 2% de las ventas totales del sector resultaban suficientes para financiar el FSU. En el mismo sentido, don Pedro Pablo Quirós señaló que lo usual en otras regulaciones es un monto entre un 1% y un 2%. La propuesta del Gobierno resulta excesiva y alejada de la realidad internacional. Su eventual aprobación podría perjudicar una verdadera apertura del sector que propicie la intervención de nuevos operadores y el fortalecimiento de los actuales, con lo que facilita la oferta de nuevos servicios y el mejoramiento de los que actualmente se brindan, ambos a precios competitivos que permitan el acceso de la mayoría de la población. Si al final de cuentas la carga financiera va a ser traslada a los usuarios, lo que implicará un aumento en las tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones (lo que no resulta conveniente), resulta indispensable valorar en forma seria quiénes y en qué porcentaje van a contribuir al FSU, teniendo presente que, si bien es cierto que la responsabilidad de financiar debe recaer sobre las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, tal carga no debe ser una imposición desproporcionada que signifique una barrera de entrada y de acceso y un aumento en el precio de los servicios de telecomunicaciones en contra de los intereses de los usuarios.
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