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Alta Comisaría de Naciones Unidas dice que investigación tica a refugiados menoscaba el régimen de protección internacional



San José (ACAN-EFE). La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó hoy que la investigación de unos 10.000 refugios a colombianos, anunciada por autoridades costarricenses, "menoscaba" el régimen de protección internacional, en un campo pagado publicado hoy en el diario "La Nación".

"La revisión colectiva (de refugios) siguiendo un criterio de nacionalidad es contraria a los principios de protección internacional de refugiados", detalló el ACNUR en dicha publicación.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Fernando Berrocal, anunció el jueves pasado que se abrió una investigación para aclarar si hubo irregularidades en el otorgamiento de 10.000 visas de refugio a colombianos entre los años 1998 y 2000.

Berrocal aseguró en una rueda de prensa que él desconocía el número de refugiados colombianos que viven en el país, pero "una matemática simple" permite determinar que "se aprobaron un promedio de once visas de ese tipo por día".

"Pensar que se aprobaron todas estas solicitudes por un interés filantrópico o altruista es algo difícil de creer", añadió.

Ante estas declaraciones ACNUR aseguró no tener razones para considerar que haya existido corrupción, pero de haberla, se deben tomar medidas, aunque "el número de refugiados reconocidos no puede ser visto en sí como una razón para reclamar irregularidades".

ACNUR "manifiesta su preocupación de que se vincule a toda la población refugiada con problemas de seguridad en el país y que se tomen medidas que vulneren los derechos de esta población".

La Alta Comisaría explicó que los refugiados gozan del derecho de confidencialidad sobre sus datos, el cual es "innegociable", y afirmó que si ese derecho es violentado "pone en riesgo la seguridad de los refugiados en Costa Rica y sus familias en el país de origen".

El ministro Berrocal indicó que si la investigación determina que alguien se encuentra en el país con este estatus y no tiene razones para gozar de él, y si la ley faculta la medida, será expulsado.

Según cifras oficiales, en Costa Rica viven unos 10.000 colombianos refugiados y al menos 8.000 residentes legales, aunque se desconoce la cifra de indocumentados.

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