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Una tarea compartida

La prevención del consumo de drogas exige participación interinstitucional

Giselle Amador
Directora General IAFA

En un país donde los medios se centran en divulgar las malas noticias –narcotráfico, violencia, muerte–, resulta difícil para una institución de bien social, pobre en lo económico, pero rica en recursos humanos, informar sobre sus logros.

La reducción efectiva del problema de consumo de drogas requiere esfuerzos integrados de entes gubernamentales y no gubernamentales, privados, comunales y religiosos. Este problema, independientemente del país de que se trate, no lo resuelve una institución, sino una política de Estado. Esta es la estrategia que plantea el Gobierno, y, para lograrlo, la vicepresidenta Laura Chinchilla convocó a diferentes instancias para que, con la coordinación del IAFA, propongan soluciones que eviten el aumento del consumo de sustancias psicoativas en el país.

El IAFA, pese a los problemas económicos que lo aquejan, coordina desde hace varios años las iniciativas preventivas de Costa Rica en el tema de las drogas. En estrecha coordinación con el MEP participa, desde hace una década, en la formación integral de niños, niñas y adolescentes que acuden a centros educativos.

Estrategia probada. En los últimos 5 años se desarrolla el programa “Aprendo a valerme por mí mismo”, que llega a más de 100.000 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, mediante la capacitación de 1.400 docentes de 800 escuelas en todo el país. Este programa se basa en la enseñanza de las habilidades para vivir, como estrategia probada como efectiva para disminuir el problema de drogas y otros de orden social, y pretende evitar el inicio en el consumo. Este proyecto, que se está realizando con recursos económicos mínimos, pero con mucha dedicación, se generalizará a todas las escuelas del país en el 2007 mediante un convenio IAFA-MEP.

En los últimos 5 años, con la colaboración de instancias internacionales y nacionales, se realizaron más de 30 investigaciones en la población general y en grupos específicos, que se publicaron en revistas científicas, algunas de las cuales utiliza la doctora Yalena de la Cruz para atacarnos, endilgándole la autoría a Mideplan.

En el área de tratamiento, en el último quinquenio, el IAFA atendió cada año a un número superior a los 7.000 pacientes y sus familias, se realizaron múltiples clínicas de cesación de fumado, talleres para padres y madres de familia que acudían a buscar terapia para ayudar a sus hijos con adicción, así como diferentes intervenciones en las comunidades del país. El IAFA es realmente el único ente gubernamental comprometido con la atención directa a la población con problemas de consumo de drogas y brinda servicios gratuitamente y contra demanda.

Urgencia nacional. La necesidad de un centro de internamiento para niños y niñas con consumo de drogas en condiciones de exclusión social es, sin ninguna duda, una urgencia nacional y el IAFA, la CCSS y el PANI están haciendo esfuerzos manco- munados para lograrlo. Sin embargo, no podemos engañarnos pensando que esta será la solución total Si no logramos impactar los problemas estructurales que llevan a la marginalidad y a la exclusión social, si no logramos fortalecer los programas de desarrollo social dirigidos a las poblaciones más vulnerables, el problema de los niños y niñas en las calles, que consumen drogas, con- tinuará presentándose y provocando reacciones de temor y vergüenza en los ciudadanos. Tenemos que anticiparnos mediante programas de lucha contra la pobreza y mediante estrategias de prevención que incluyan a diferentes instancias en un esfuerzo interinstitucional e intersectorial.

La denuncia que presenta de nuevo la Dra. De la Cruz contra el IAFA no es la más precisa ni la más justa. La tarea es dura y la experiencia de esta institución, con más de 50 años de existencia, es necesaria. Es la unión de esfuerzos entre instituciones, comunidades y ciudadanos interesados, lo que permitirá que el país crezca y supere sus problemas sociales. La invitamos de nuevo a participar en beneficio de toda la población costarricense, con énfasis en la más desprotegida y excluida.

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