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Latinoamérica alza la voz en favor de derechos humanos de inmigrantes


Por Paco G. Paz

Naciones Unidas (EFE). Representantes de los gobiernos de toda Latinoamérica alzaron hoy la voz en la ONU en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, y reclamaron una mayor colaboración entre los países de origen y los de destino.

Esta petición fue formulada en el seno del Diálogo de Alto Nivel que se celebra durante estos días en Naciones Unidas, en el que participan más de un centenar de ministros de todo el mundo.

En este foro, los gobiernos latinoamericanos hicieron hincapié en la necesidad de potenciar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes, sin importar su condición legal o su procedencia.

El viceministro de Asuntos Económicos e Integración del Paraguay, Emilio Giménez Franco, recordó que el fenómeno migratorio "muchas veces degenera en violaciones de los derechos humanos", especialmente a través del tráfico ilícito de personas.

Para Paraguay, tanto los países de tránsito como los de destino deben ofrecer garantías de que los inmigrantes, sin importar su situación legal, pueden acceder a servicios sociales, así como a la posibilidad de denunciar los abusos que han sufrido.

El vicesecretario de Asuntos Migratorios de Ecuador, Carlos López, apuntó que las violaciones de derechos humanos afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, como las mujeres, que sufren situaciones de explotación sexual, y los niños, que padecen en muchos casos los efectos de la exclusión escolar.

"El respeto de los derechos humanos es clave para que la inmigración contribuya al crecimiento económico y se puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio", dijo.

El viceministro de Política Latinoamericana de Argentina, Leonardo Franco, reconoció que algunos países abordan sus políticas migratorias desde el punto de vista de la seguridad, y pidió públicamente un cambio de estas políticas para que no se violen los derechos fundamentales de los inmigrantes,

"La búsqueda de una mejor condición de vida en otras tierras no debe ser reprochable, y muchos menos criminalizada. Por tal motivo, los países debemos abordar el tema buscando mecanismos de cooperación, integración y asumiendo la responsabilidad compartida", dijo.

La víspera, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, pidió también que no se equipare al inmigrante con un delincuente, y señaló que la política migratoria de un país "no puede reducirse al tema de la seguridad".

En su intervención de hoy, el ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, hizo especial énfasis en las comunidades indígenas que sufren altos costes sociales debido a la emigración de sus miembros.

"La liberalización de la economía genera un acelerado proceso de economía de mercado, de manera que se globaliza el trabajo y la explotación, pero no el salario ni los derechos humanos".

Según dijo, en ocasiones "se considera a los emigrantes como simples mercancías, y se criminaliza la libertad de tránsito o traslado de un país a otro". apuntó.

De hecho, varios de los intervinientes latinoamericanos hicieron también un llamamiento para que se facilite a nivel mundial la libre circulación de trabajadores, al igual que ocurre con la circulación de bienes y servicios.

Otros reclamaron un abaratamiento de las remesas que envían los inmigrantes, que supone una parte importante de la entrada de divisas al país, y pidieron que estos fondos sean considerados como recursos "privados" y no como una ayuda al desarrollo.

En este sentido, el embajador de Chile, Heraldo Muñoz, se mostró partidario de un abaratamiento en las transferencias de remesas, si bien animó a los países de origen a poner en marcha medidas que permitan destinar este dinero a la inversión en desarrollo.

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