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Amarrado en su red Mauricio Martínez S. mmartinez@nacion.com En las últimas semanas, nuestro Congreso casi que ha estado paralizado por dos sonados casos, gestados en las entrañas mismas del primer poder de la República. Se trata de la fallida pretensión del PAC –dichosamente rechazada antenoche– de censurar al ministro de la Producción, Alfredo Volio, y la acusación por presunto acoso sexual que enfrenta el diputado liberacionista Federico Tinoco. En ambos casos, una Asamblea Legislativa que prometía enmendar la plana a su antecesora, cayó víctima de sus propias amarras y yerros del pasado. Si bien Acción Ciudadana está en todo su derecho de cuestionar o recriminar una decisión, como es la reestructuración del Consejo Nacional de la Producción, la discusión de la moción de censura contra Volio tampoco debe ser motivo de largas discusiones. Pero hay otro asunto capital en este lamentable trance. En la gestión del PAC también primaron intereses particulares o, ¿por qué no?, soterrados de algún legislador que añora retornar a su puesto en el CNP. En el caso del legislador Tinoco tenemos otro hilo conductor coincidente y, por consiguiente, negativo. Durante poco más de una semana el Congreso estuvo en vilo (y continúa pendiente de lo que resolverá la comisión investigadora) por los pormenores de una denuncia por supuesto acoso sexual. La tensión, alimentada por una descarnada cacería mediática, relegó a segundo plano cualquier otro tema de trascendencia nacional. Creo que la denuncia de la asesora legislativa es importante y que igualmente al diputado Tinoco le asiste el derecho de defenderse. Pero, para los efectos de este comentario, lo que me preocupa es el procedimiento seguido (encubrimiento por parte de la fracción del PLN) y la lenta reacción de los jerarcas legislativos. Si la Asamblea sigue por ese camino, no hay duda de que estamos a las puertas de otra gestión legislativa tan desteñida como la anterior. Urge retomar la discusión sobre cambios profundos al Reglamento Legislativo que agilicen el conocimiento de los proyectos de ley, pongan topes a la discusión y permitan las votaciones. Paralelamente hay que deponer cualquier interés particular y actuar con trasparencia ante la ciudadanía.
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